Control de Precios: Inconstitucional, estúpido


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El autor, recuerda sus elementales nociones de economía. Cree haber escuchado que la oferta y la demanda determinan el precio de los bienes.  Pero —se pregunta—  qué pasa si la mano invisible deja de ser tal. 

Qué es lo que ocurre cuando un ser humano se arroga la facultad de fijar, congelar y controlar precios.  Una ley; una sentencia; una resolución, etc., que controle los precios y genere situaciones de malestar; será contraria al mandato constitucional; y deberá ser dejada sin efecto.  

La sola lectura de los subtítulos, debería ser suficiente para el lector apresurado, o por lo menos, ello recomienda el autor.

En esta nueva entrega, se quiso un hilo conductor claro y decidido. Su prosa asume la finalidad, de poner en relieve a lo largo de míseras cuatro carillas  algo que muchos sospechan que está mal, pero no se sabe el porqué: ¿control de precios?

 * * *

i. Los intercambios beneficiosos implican reconocer derechos de propiedad.

Los intercambios celebrados en el mercado —estudiados por la microeconomía—, siendo libres, siempre resultarán beneficiosos para los individuos.  Cada individuo, sopesa la utilidad marginal que obtendrá del intercambio, y lo que debe entregar como contrapartida.  Si ambos individuos consideran que la utilidad marginal de efectuar el intercambio es superior al costo marginal de hacerlo, el intercambio se producirá.  Por eso, se afirma que los intercambios que se producen, siempre son beneficiosos; si el individuo considerase no beneficioso un intercambio, no lo llevaría a cabo.

Si los intercambios implican beneficio (nuestros constituyentes, al establecer las facultades del poder legislativo, establecieron entre las competencias de los legisladores, elaborar leyes que tiendan al bienestar, y al progreso económico), ello explica que hayan sido previstos por los constituyentes, al asegurar en el contrato social, el derecho a ejercer industria lícita; libertad de comercio; supresión de aduanas internas —que implican costos de transacción para los intercambios—; razonabilidad en materia de tributos que gravan dichas actividades, etc.

Pero ello no era suficiente.  Para la existencia de intercambios, era necesario contar con derechos de propiedad claramente establecidos.  Sin derechos de propiedad claramente establecidos, los intercambios serían escasos, reduciendo el provecho que los individuos obtienen con estos.  Por ello, también el constituyente, ha consagrado derechos de propiedad en la constitución.  Podría considerarse que el costo de dilucidar el auténtico derecho de propiedad de un individuo, sería muy costoso, de no existir un sistema registral que permitiese determinar los mismos —los derechos de propiedad—.

Para solucionar tal inconveniente, y para reducir costos de transacción, el legislador, ha intentado dar certeza y publicidad a estos derechos de propiedad; ha previsto modos de recuperar la propiedad perdida; sanciones para quienes atenten contra la propiedad ajena —incluso en ciertos casos, contra su propia propiedad, cuando con esto se afecta a terceros—; medidas para limitar la afectación de la propiedad privada por parte del Estado; etc.

En resumen: todos los intercambios libremente queridos, son beneficiosos para los individuos; sólo se conciben intercambios si se aseguran derechos de propiedad; y el constituyente, ha considerado estos supuestos, consagrándolos en la Constitución.

ii. Los individuos son tomadores (y no formadores) de precios.

En efecto, los individuos que participan en un mercado —ya no en relaciones de intercambio hipotético en una isla desierta— son tomadores de los precios del mercado, que resultan de los intercambios que se dan en éste.  Los individuos, no pueden formar precios, sino que aceptan efectuar el intercambio o lo rechazan.  El resultado agregado de todas estas decisiones individuales, afectará en el precio.

En síntesis, se asume que los individuos toman —o rechazan— precios de mercado; no los forman directamente. 

iii. El precio es información.

El resultado de una serie de intercambios dados en el mercado, son los precios.  Por lo tanto, éstos, contienen información acerca de las preferencias de consumo y producción, de los actores en el mercado.  Esa información, es valiosa para quienes consumen y producen.

Sitúese el lector en los zapatos del consumidor.  Si el precio a pagar por un bien disminuye, es posible que comience a consumir una mayor cantidad de ese bien.  Por otro lado: Si el precio del bien aumenta, usted —queridísimo lector— tratará de disminuir el consumo, o bien, de sustituirlo con otro producto que le sea más conveniente.

Sitúese ahora, en los zapatos de un productor.  Si el precio que obtiene por su producto aumenta, seguramente, buscará la forma de producir aún más productos para obtener una utilidad superior, hasta llegar al límite de su producción.  Por el contrario, si los precios se desploman, seguramente, procurará producir otro bien que sea más valorado en el mercado.

En resumen: los precios son información, y esa información influye ciertamente en los comportamientos económicos de consumidores y productores.

iv. Intervenir pecios es interferir en la cadena de información de los consumidores a productores.

Por lo tanto, si ya admitimos que las decisiones de los productores y consumidores son los que determinan el precio de un bien en el mercado; y si se admite también que ese precio, contiene información acerca de qué y cuánto se quiere producir y consumir: entonces, deberá admitirse que la manipulación por parte de un tercero del precio, implicará adulterar la información que los precios transmiten.

Esta actividad reguladora, tiene consecuencias:  No se transmite adecuadamente la información de qué y cuánto debe producirse; ni de cuánto y qué prefieren los consumidores.

Aquellas incógnitas, llevarán, como lo ejemplificaré en el punto siguiente, a intercambios no beneficiosos; o a situaciones de no intercambio.

v. El resultado son situaciones de intercambio no beneficiosos; o de no intercambio.

Ya lo adelanta el apartado:  Los precios regulados, tienden a no reflejar las auténticas preferencias de los consumidores y productores.  Esto tendrá dos consecuencias.  La primera, está dada por intercambios no beneficiosos ni en el corto ni en el largo plazo; la segunda consecuencia, serán situaciones de no intercambio.

Para clarificar el supuesto:  Un productor, considera que el precio de su producto es de 10 unidades monetarias  Al mismo tiempo, el consumidor, considera que el precio debería ser de 5 unidades monetarias: Pero éste sólo tiene dos alternativas, acepta el precio, y compra; o lo rechaza y no se produce el intercambio (lo que transmitirá información al productor para que baje su precio). Ahora bien, ¿qué ocurre si una disposición normativa, determina que el precio del producto sea de 2 unidades monetarias?

Aquí es donde se producen las dos alternativas:

(i.) El consumidor, aumentará la cantidad de su consumo; y el productor obtendrá —en el mejor de los casos— una pequeña utilidad por el intercambio; pero hubiese preferido que el intercambio se realice a 5 unidades monetarias (como también prefería el consumidor) en lugar de las 2 unidades monetarias impuestas por un tercero.

(ii.) El segundo escenario es peor:  Eventualmente, llegará un punto, en el cual, la utilidad marginal del intercambio será nula, por ejemplo, cuando el costo de producción, iguale al precio impuesto por una disposición.  Por lo tanto, desaparecerán los incentivos para realizar el intercambio, y éste no tendrá lugar.  Ello, acarreará la pérdida del beneficio social de los intercambios que el constituyente previó y que el legislador quiso asegurar.

vi. Las disposiciones, resoluciones, leyes, sentencias, que interfieren en los precios son inconstitucionales.

Por lo tanto, una disposición administrativa, una sentencia, una norma, que tenga por efecto limitar los intercambios, generará la pérdida del bienestar social —recuerde querido lector, que todo intercambio libre es beneficioso— y en consecuencia,  será contradictorio con el mandato constitucional del artículo 75,  incisos 18 y 19 (CN Arg.).  Será irracional; y lo que es irracional, es inconstitucional.  Deberá entonces, declararse tal, y detener sus efectos perjudiciales.~

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4 comentarios

  1. Adoptando una visión roussoniana, el precio no es más que la representación de esa “voraz ambición, la pasión por aumentar su relativa fortuna”. El precio enmarca la competencia y rivalidad, fundado en la búsqueda del provecho personal a expensas de los demás, inspirando “a todos los hombres a una negra inclinación a prejudicarse mutuamente”.
    Exponer que “los precios son información, y esa información influye ciertamente en los comportamientos económicos de consumidores y productores”, profundiza en una división de conocimiento en tanto que habrá algunos que podrán realizar una lectura exhaustiva e interpretar los datos en favor de sus intereses y otros tantos, que al no poseer las mismas herramientas, se verán fuertemente debilitados en una relación que supone igualdad pero esconde una profunda división social.

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  2. Leonardo Urruti · ·

    El articulo esta en lo cierto al afirmar la distorsión de incentivos producida por la intervención del mercado y el lenguaje de los precios. Pero parece osado asegurar su inconstitucionalidad teniendo en cuenta la larga jurisprudencia de la corte en relación a la relatividad de los derechos en razón de “intereses sociales”. Que el control de precios es estúpido, seguramente. También es mi opinión. Que los efectos son perjudiciales, igual. Que los incentivos se alejan de la eficiencia, seguro. Deberíamos quedarnos con esto último, que es lo esencial.

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  3. ¿Está dispuesto a asumir las consecuencias de lo que escribe? Agote la vía administrativa y preséntese en sede judicial.

    Por lo demás, le aviso que hay vida más allá del capítulo 1 de los manuales de microeconomía. Monopolio, monopsonio, duopolio, oligopolio… investigue un poquito.

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  4. […] artículos anteriores, me he centrado en cuestiones vinculadas al derecho y la economía.  En “CONTROL DE PRECIOS: INCONSTITUCIONAL, ESTÚPIDO”, sostuve que los controles de precios son inconstitucionales, porque generan distorsiones que […]

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