Plantarla en el altar, ¿obliga a indemnizar?

El día de ayer, mi amigo y colega en este espacio, Enzo E. Donato Brun, me hizo llegar una noticia publicada en el diario La Nación titulada “La plantó en el altar y debe pagarle a su novia $ 11.700 para ‘reparar el daño moral’”.

Fuentehttp://www.lanacion.com.ar/1604750-la-planto-en-el-altar-y-debe-pagarle-a-su-novia-11700-para-reparar-el-dano-moral (03/08/2013).

Confieso que ya como estudiante de Obligaciones (que en la Facultad de Derecho de la UBA incluye también el Derecho de Daños) sentí debilidad por la figura del daño moral. Es que es muy interesante en verdad: ¿qué es eso de un daño moral?

El mejor amigo de la lengua castellana (el diccionario) ofrece tres acepciones para la voz “moral” en tanto adjetivo. Una: “perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia”. Otra: “Que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia. Prueba, certidumbre moral”. La última: “Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano. Aunque el pago no era exigible, tenía obligación moral de hacerlo”.

Fuente: Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición, consultado online en http://www.rae.es/drae/ (04/08/2013).

Es muy probable que el ciudadano medio, no versado en cuestiones de Derecho, ignore de qué se trata el daño moral. Más aún: si (asumiendo que todos manejamos, más o menos, qué se entiende por “daño”) pretendiese deducir su sentido de los significados de “moral” en el diccionario, incurriría en confusiones o equívocos. Así, el daño moral nada tiene que ver con una “mala acción” de las personas (pueden, sí, ser consecuencia de acciones reprochables, pero lo mismo ocurre con otros tipos de daño). El segundo significado no orienta en un camino incorrecto (el daño moral se vincula a estados internos de la persona antes que a resultados que se pueden ver y tocar), pero resulta insuficiente por sí solo. Y el tercero está en el polo opuesto a la realidad: de ninguna manera escapa al ámbito jurídico y de la “exigibilidad” la obligación de resarcir el daño moral causado a una persona.

Nota: el concepto de daño es “sencillo” en la vida cotidiana y en sentido no técnico. Para el Derecho Civil, el daño (y el más particular de “daño indemnizable”) reviste tal complejidad que de él puede escribirse una tesis. De igual manera, ello escapa al objeto de esta entrada.

Nota: para los interesados, sí existen obligaciones (o deberes, según cómo se entiendan aquéllas) que no pueden exigirse forzosamente sino que su cumplimiento depende de la voluntad del deudor de llevarlo a cabo espontáneamente. Se denominan entre nosotros obligaciones naturales, y es también un tema bastante atractivo (y del que tampoco podemos ocuparnos aquí).

Hecha esta introducción, entonces, manos a la obra: ¿qué es el daño moral? ¿En qué se basa y para qué sirve? Y, ¿qué nos da pie a afirmar la noticia reseñada?

– I – 

Hay tantas definiciones de daño moral como autores que se ocuparon del tema. Algunas más elaboradas, otras menos precisas, lo cierto es que muchas coinciden en simplificarlo en algo así como “el daño a los sentimientos”. Sin embargo, especialmente destacable es la conceptuación de dos auténticos maestros contemporáneos del Derecho Civil: Ramón D. Pizarro y Carlos G. Vallespinos, que en sus Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones enseñan que:

El daño moral importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial.

En verdad, es difícil agregar algo a esta definición. El daño moral es exactamente ese: el derivado de una acción que lesiona un interés no apreciable en dinero, y por el cual la persona que lo sufrió estará subjetivamente (o sea, en tanto sujeto) “peor” que como estaba antes.

El daño moral es una institución muy compleja y controvertida. No sólo en su funcionamiento en la práctica (es muy difícil probarlo y cuantificarlo con precisión) sino también en su esencia misma. Históricamente, numerosos sistemas jurídicos no lo admitían, y aun autores del siglo XX lo han rechazado. Entre nosotros, es destacable (por su prestigio y por la elocuente prosa con que lo denostaba) la opinión de Jorge J. Llambías, quien decía en su Tratado de Derecho Civil. Obligaciones: “[La tesis que acoge el resarcimiento del daño moral] reposa, por lo pronto, sobre una filosofía moral francamente errónea. No es posible degradar los sentimientos humanos más excelsos mediante una suerte de subrogación real por la cual los sufrimientos padecidos quedarían cubiertos o enjugados mediante una equivalencia de goces. Repugna al sentido moral que los dolores físicos o espirituales puedan ser remediados por los sucedáneos placenteros que el dinero puede comprar: cuando se lo admite se cae en un grosero materialismo, que lamentablemente esta presente, aun de modo inconciente, en tantas manifestaciones de la civilización de nuestro tiempo”.

A renglón seguido, el jurista porteño reforzaba su postura con palabras incluso más fuertes (el cierre es realmente tremendo): “el dolor no constituye un fin en si mismo, sino que es un medio que el hombre puede emplear para acceder a su efectiva felicidad, desde que es un maravilloso instrumento de perfección moral (…); en fin, es un excelente medio de expiación de quien lo padece, que permite cosechar los mejores frutos. Viene a ser entonces, como se ha dicho, la bonne soufrance que arranca al hombre de las cosas de la tierra y la hace volver su mirada al Cielo. Si, ciertamente, Dios permite que el dolor golpee nuestra puerta, es para despertarnos del letargo en que solemos vivir, o para ahorrarnos, en su infinita misericordia, dolores absolutamente mayores, sin comparación posible, en la vida ultraterrena: son oportunidades de merecer que no hay que desaprovechar intentando convertir ese mismo dolor en titulo de enriquecimiento patrimonial. Pues hay en ese afán una suerte de prostitución del dolor”.

Más allá de la prosa, este argumento religioso resulta, a mi juicio, contingente (por eso lo incluyo aquí apartado). El primero, el de ponerle un “precio al dolor”, constituye la verdadera y más fuerte razón que podría argüirse en pos de la tesis detractora. Por lo demás, toda persona tiene derecho a defender con vehemencia sus convicciones religiosas (y si escribe libros de Derecho, a plasmarlas allí), pero esas razones ya no pueden esgrimirse en la arena pública. Sería simplemente inaceptable que un juez o un legislador acordara o dejara de acordar un resarcimiento por sus creencias acerca de la existencia de un Dios, su concepto, la razón o finalidad de sus designios, etcétera.

No obstante, hoy la noción precedente se encuentra francamente superada entre nosotros. El daño moral está expresamente receptado en el Código Civil vigente, tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual. Del mismo modo, la doctrina moderna defiende en su abrumadora mayoría esta figura. ¿Y por qué? La razón principal es sencilla. Si bien es cierto que es imposible indemnizar el daño moral en especie, en sentido estricto, retrotrayendo la situación de la víctima al momento anterior al daño, no es menos cierto que incluso esta reparación imperfecta resulta mejor que nada, por cuanto al menos le permite al damnificado obtener algún tipo de satisfacción que contrarreste, aun -insisto- con imperfección, el mal que sufrió.

– II – 

La noticia que nos ocupa también da pie para destacar otro aspecto muy importante del daño moral: se fundamenta en una lesión extrapatrimonial a una persona, es decir, que no se puede apreciar en dinero. Si la compañía de transporte no me lleva a destino (digamos por problemas imputables a ella misma –“por su culpa”–), estará obligada a reintegrarme el precio del pasaje, la reserva del hotel, etc., como daño patrimonial; y a prestarme un resarcimiento que (de alguna manera) mitigue la frustración, por ejemplo, de haberme perdido mis vacaciones, como daño extrapatrimonial. O en el lamentable caso del homicidio de un familiar, el sostén económico que (supongamos) proporcionaba la víctima será debido como daño patrimonial, mientras que la pérdida de un ser querido será causa del daño moral.

Esta precisión es relevante, no sólo porque forma parte esencial del concepto que analizamos sino también porque la nota periodística bien puede conducir a confusiones. Nótese que el título alude a la condena de $11.700 en concepto de daño moral, pero luego se mencionan el 50% de la seña entregada para la fiesta, gastos de dinero o asunción de deudas para mejorar el que sería el hogar conyugal… y estas erogaciones son patrimoniales, traducibles perfectamente en metálico. Por supuesto que si concurren los requisitos deben ser indemnizadas, pero no a título de daño moral, sino como rubros del daño patrimonial.

El cronista citó estas alegaciones como provenientes de la demanda y de la defensa. Y lo hizo entre comillas, de lo que cabe deducir que es la reproducción exacta de lo manifestado por las partes. Si realmente se ha deducido una pretensión por daño moral a raíz de una cuestión estrictamente económica, entonces… hay algunos abogados que no tienen ni la menor idea de lo que es el daño moral.

– III – 

El último punto, y el que me parece más interesante, es detenerse a pensar en términos generales, más allá del caso reseñado: ¿dejar plantado/a al/a la novio/a en el altar, puede constituir la base jurídica de una obligación de indemnizar el daño moral?

En una concepción quizá conservadora, la respuesta podría ser negativa. Uno es libre de casarse o no, y de manera recíproca, el consentimiento debe prestarse libre y plenamente para que el matrimonio se considere existente. En esta línea, ¿por qué no podría arrepentirse el/la novio/a a último momento? ¿Y cómo habría ello de dar lugar a una obligación de indemnizar?

Nota: el Código Civil vigente expresamente desconoce la figura de los llamados “esponsales de futuro” y niega la acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio (art. 165). Por lo demás, considero que esta solución es la única que se adapta a los estándares constitucionales y de los Derechos Humanos: forzar un matrimonio no querido en virtud de una promesa previa resultaría aberrante.

Sin embargo, me parece necesario diferenciar dos aspectos: el matrimonio en sí mismo por un lado, y la responsabilidad civil por el otro. Es indiscutible que a nadie se puede obligar a casarse si así no lo desea, máxime cuando el acto en cuestión tiene una relevancia jurídica, personal y social muy considerable. Pero otro es el cantar en materia de daños: el imprescindible “derecho de arrepentirse” (incluso a último momento) no implica irresponsabilidad cuando el otro “novio”, además de incurrir en posibles gastos (que fundarían el daño patrimonial), ha depositado su confianza, planeado proyectos en común, en fin, organizado su vida en base a una expectativa cierta y sostenida de convivir en matrimonio con la otra persona.

Esta frustración, esta minoración en el modo de querer o sentir, motiva en mi opinión (sin lugar a dudas) una auténtica obligación de indemnizar el daño moral, en los términos que aquí he manejado.

Usted, ¿qué cree?

Creative Commons License
Plantarla en el altar, ¿obliga a indemnizar? por Jonathan Matías Brodsky está bajo licencia a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

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4 comentarios

  1. Lorena Buchner · ·

    No soy de por aquí, porque soy del ámbito psi. Pero el título de este artículo me ha resultado más que curioso. ¿Indemnizar a la señorita ilusionada, dejada plantada en el altar? Pienso que no solo en el Derecho puede plantear controversias, y que si un simple artículo suscita tanto debate es porque toca algo evidentemente muy actual de nuestras sociedades contemporáneas. Después de generaciones y generaciones de mujeres criadas bajo los estándares de un mundo victoriano y el lugar al que las descendientes de Eva quedábamos relegadas en un universo preeminentemente machista, hoy acudimos a otras coordenadas en lo que a cuestiones de género y, puntualmente, relaciones sentimentales se trata. El mito reiterado de Walt Disney ha caído, y sobradas muestras encontramos en el plano de la realidad como para estar ya advertidas que después de los confites no siempre somos felices y comemos perdices y que – lo que es más alarmante – el príncipe azul siempre destiñe en el primer lavado. Las relaciones de la postmodernidad plantean un panorama muy distinto, un “amor líquido” como lo ha llamado el sociólogo Zygmunt Bauman, más efímero, más de zapping, menos arraigado – y cada vez menos – a la clásica institución matrimonial.
    Me pregunto, entonces, yo también, si en este cuadro de situación, por lo tanto, el pobre príncipe postmoderno arrepentido debe pagar por su indecisión o no concreción del ritual matrimonial. Curioso ritual, donde la promesa de amor eterno (esto es, un amor más allá de la vida mundana, así de atemporal, de ilimitado) choca contra un mundo donde las relaciones parecen más bien circular por otros carriles. ¿Qué es lo que debería pagar este señor? ¿Cuál sería el daño? ¿La ilusión rota de su enamorada? ¿Su “ya no te amo más”, “ya no es lo mismo”, “no sos vos, soy yo”? ¿Debe pagar por el contrato que no concreta con una institución que se muestra cada vez más arcaica frente a las nuevas modalidades de amor? Y quien autoriza y sanciona ese pago, ¿desde dónde responde? ¿desde qué lugar? ¿con qué valores? ¿con qué prejuicios? ¿con los parámetros de qué tiempo?
    No sé… Me hago estas preguntas…

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  2. Me permito traer nuevamente la cuestión a la perspectiva del Derecho, para intentar una reflexión respecto de las preguntas que se introducen en el comentario anterior.
    Más allá de la institución matrimonial -respecto de la cual comparto con alguna moderación la postura de Lorena-, existe toda un conjunto de conductas previas por parte del novio que tuvieron por resultado la generación de expectativas por parte de la novia. Ésta, a su vez, a partir de estas expectativas debe haber conformó una serie de intereses, afecciones y hasta, probablemente, un proyecto de plan de vida.
    Ahora bien, el novio cambia de parecer de manera drástica cuando ya hay un compromiso asumido, lo cual importa la frustración igualmente drástica de las expectativas y de rebote la de los intereses, afecciones y el proyecto de vida construidos en torno a ellos. Obviamente, el novio tiene derecho, mas ello no implica que pueda ejercerlo en forma abusiva.
    En estos términos, el Derecho busca evitar este tipo de conductas continuadas desarrolladas con insuficiente cuidado/diligencia, dada la sensibilidad de los bienes en juego, y morigerar el padecimiento de quien resulta víctima de la frustración.

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  3. Permítame decirle que no creo en lo más mínimo que el peso de la ley pueda morigerar el padecimiento (y soy bastante consciente que con esto me arriesgo a que se me venga encima toda la facultad de Derecho y legalistas y etc…). Pienso que, a lo sumo, puede nombrarlo como tal, sancionarlo como tal. Pero que, en lo que hace a la subjetividad de los involucrados, lo que puntualmente resalto es que propone una víctima a la que le da consistencia y que, en tanto víctima, no queda más que relegada a un lugar de pasividad, mientras el tal victimario-novio abandónico se constituye como el malvado de la cuestión. Porque el peso de la ley, en tanto propone hacer justicia distributiva entre las partes frente a una considerada “injusticia”, no solo no restituye el aparente estado de homeostasis previo al momento del “daño”, sino que además tiene consecuencias muy tajantes en cuanto a la posición de los involucrados. Porque establece que la señora es la pobre damnificada y el señor debe cargar con no sé qué culpa por la que debe pagar.
    Y es en este punto donde, en mi comentario anterior, yo me preguntaba desde qué lugar responde y con qué valores y prejuicios un juez, un ser humano, un hombre, que se pronuncia en estos términos. Entonces no hablo del Derecho, hablo de la inercia y falta de cuestionamiento que hay detrás de ciertas sanciones, cuando lo que se castiga es que un señor decida a último momento no adherir a los términos de una institución que de por sí ya es obsoleta a los tiempos que corren. El legislador determina que, si uno promete casarse, lo correcto es hacerlo y que, si decide dar marcha atrás, será sancionado por romperle la ilusión a su partenaire. Si esto es lo que se sanciona, es de suponer (o al menos me permito conjeturar) que para el tal juez prima en sus valores el peso del contrato matrimonial (y la promesa de vida o lo que sea que usted pueda suponerle detrás) que el deseo de un sujeto decidido a no sujetarse a algo que ya no da garantía alguna a su querer. Y a mí es esto me parece de lo más cuestionable, insisto: el lugar (=el paradigma, los valores, los prejuicios) desde el cual responde quien sanciona.

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  4. Es una óptica interesante. De veras, sin ironías: me parece fundada y “admisible” tal como está planteada. Sin embargo, (1) no la comparto en lo personal, (2) considero -humildemente- que parte de premisas muy cuestionables (al menos en los términos expuestos). Primero: una persona difícilmente decide casarse o no casarse con la volatilidad que decide comprar o no un chocolate. Esto último responde a deseos momentáneos, instantáneos, caprichosos; vi una señora comiendo chocolate, me dieron ganas de comer uno, voy a comprarlo, no hay, mala suerte, comeré caramelos. Contraer matrimonio, en cambio, suele responder a una relación previa, a una idea que maduró, se convino, y -a la altura del altar- se preparó, se citó gente, momento especial, etc. En este sentido, lo intempestivo es un factor determinante. Segundo: siguiendo con el ejemplo, comer o no el chocolate me “beneficia” o perjudica a mí; decidir a último momento no casarme, no. Al derecho le incumbe, claro, cuando uno con sus acciones u omisiones “daña” a otra persona (en su patrimonio o en su subjetividad). Y en este caso puntual, creo que la reacción del derecho viene bien ligada a la moral: obligar a indemnizar supone no sólo gratificar al perjudicado (aunque imperfectamente) sino reprochar al que defrauda expectativas ajenas de un momento a otro. No comparto el sarcasmo en “la pobre damnificada que es la señora” y el “no sé qué culpa tiene el hombre” (obviamente, lo mismo daría que fuera al revés; yo aquí seguí los hechos de la noticia). En verdad, si luego de proyectar una vida en conjunto con la pareja, pensar en casarse, acordarlo, comprometer una fecha, etc, en ese preciso acto y sin previo aviso dejar plantado al/a la otro/a, lo último que se me ocurre es que esa conducta no sea reprochable. Quien tiene edad núbil (¡!) tiene madurez para hacerse cargo de sus actos: pudo “arrepentirse” mucho antes, un poco antes, pero ¿dejar pagando al/a la novio/a, como quien falta a una clase en el secundario? Obligar a casarse es aberrante, pero obligar a responder por las consecuencias de retractarse intempestivamente es una reacción jurídica y moralmente correcta, a mi juicio. Y precisamente, tercero y último: el juez no hace primar sus valores pseudo-conservadores al ponderar el contrato (rectius, convención) matrimonial (pseudo- porque me parece insostenible que el matrimonio sea una institución obsoleta; en todo caso, es obsoleta la idea de pensar que la única familia posible es la matrimonial). Quienes ponderaron la convención matrimonial fueron los futuros cónyuges, y lo que hace el juez al condenar, el lugar desde el cual lo hace, es materializar la voluntad del legislador de que los daños injustamente causados a otra persona deben ser reparados lo mejor (o menos imperfectamente) posible.

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