Ley 26.773: una regresión encubierta en materia de infortunios laborales

En el 25 de octubre de 2012 fue promulgada la ley 26.773, denominada “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” que, con tan solo dieciocho (18) artículos, modificó sustancialmente a la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 (en adelante “LRT”) que data del año 1995. A casi un año de su entrada en vigencia, no han cesado los intensos debates en torno a su constitucionalidad.

El tema en estudio es realmente vasto y ya se han publicado varios libros al respecto. En el presente artículo procuraré abordar, de la manera más breve y concisa posible, algunas de las modificaciones introducidas al régimen de la LRT. El núcleo central del trabajo radica en las implicancias del paso de la “doble vía” de resarcimiento a un sistema de “opción excluyente con renuncia”, cuyo análisis desarrollaré hacia el final.

Entre aciertos y desaciertos

Esta ley es muy particular en tanto contiene normas beneficiosas para el trabajador, así como también otras que vulneran sus derechos amparados constitucionalmente.

En un primer artículo la norma plantea sus objetivos y sostiene que estos son “la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad en las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias”. Acto seguido procura dejar en claro que el régimen de reparación aplicable se encuentra integrado por la ley 24.557 y sus modificatorias, por el decreto 1694/09, sus normas complementarias y reglamentarias.

En su artículo segundo establece el principio general indemnizatorio de pago único. De esta manera abandona a medias el esquema de renta periódica que fuera sucesivamente cuestionado por precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver fallos “Milone” y “Suárez Guimbard”). Digo a medias ya que, si bien la ley 26.773 derogó el antiguo artículo 19 -que refería al pago de renta periódica- debería también haber derogado o modificado los artículos 14 y 15 de la ley 24.557, que refieren al mismo sistema de pago.

La conveniencia del “pago único” radica en que la víctima pueda elaborar un nuevo proyecto de vida como consecuencia de un acto que no le es imputable, disponiendo libremente de la indemnización de la cual es acreedor. En contrapartida, el esquema de “renta periódica” afecta el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional, importando una discriminación frente a las demás categorías de dañados por incapacidades susceptibles de acceder al sistema de pago único. De esta manera, se violenta la libertad y autonomía del individuo ya que la persona afectada debe percibir cuotas que en muchos casos ni siquiera le alcanzan para subsistir.

En líneas generales, ha habido sustanciales mejoras en los montos mínimos de las indemnizaciones tarifadas previstas por la ley. En materia de intereses, los mismos se reconocen desde el momento en que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal de la enfermedad profesional. Por otro lado, también se ha establecido una actualización de dichos importes por medio del índice RIPTE [1], publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Fija asimismo un plazo de 15 días para el pago de las indemnizaciones, a contar desde el fallecimiento del trabajador o de la homologación de la incapacidad.

A lo antes expuesto se adiciona un incremento equivalente al 20% de las indemnizaciones, previsto en el artículo 3. Este incremento se torna exigible cuando el daño se produce en el lugar de trabajo o lo sufre el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador. De dicho modo, en el supuesto de los accidentes denominados in itinere no será aplicable el adicional. Parte de la doctrina plantea la inconstitucionalidad de este artículo, en tanto sostienen que implica un caso de discriminación violatorio del artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que crea dos tipos de trabajadores diferenciados.

De la “doble vía” a un ficticio sistema de “opción excluyente con renuncia”

Tal como señalé en un comienzo, todas las modificaciones beneficiosas que la ley 26.773 introdujo al régimen de riesgos del trabajo pasan a un segundo plano en virtud de lo dispuesto en su artículo 4. Esta norma reinstala el sistema de “opción excluyente” de resarcimiento, similar al diseñado en 1915 por la ley 9688, reproduciendo casi de manera idéntica el texto del artículo 16 de la ley 24.028, que data del año 1991.

Para facilitar al lector la comprensión del presente acápite, transcribo a continuación algunos segmentos del artículo 4 de la ley 26.773, pertinentes al análisis que en adelante desarrollaré:

Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables… El principio de cobro de sumas de dinero o la iniciación de una acción judicial en uno u otro sistema implicará que se ha ejercido la opción con plenos efectos sobre el evento dañoso… En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil.

So pretexto de intentar reducir los niveles de litigiosidad, el legislador ha creado una norma que frustra el acceso a la reparación plena y justa a las víctimas de infortunios laborales, que si se reconoce a los demás damnificados del ordenamiento jurídico.

En su más reciente obra, Horacio Schick habla de un “viraje regresivo en materia de daños laborales”. En una introducción general sostiene muy claramente que un “ordenamiento” de reparación, tal como pretende la tan mencionada ley 26.773,

hubiera sido satisfecho con el dictado de una normativa acorde al sistema vigente, revisado por la profusa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había hecho colapsar los pilares de la ley original y determinaba, hasta la sanción de la nueva ley, un régimen altamente protectorio para los damnificados, conjuntamente con el dictado del decreto 1694/09 y su aplicación dinámica por parte de los tribunales [2].

Al respecto, resulta menester aclarar que, si bien la llamada “doble vía” nunca fue regulada en nuestro ordenamiento jurídico, ella tuvo origen en el año 2004, cuando nuestro Supremo Tribunal se pronunció en el caso “Aquino” [3]. En dicha oportunidad la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1º, de la ley 24.557 que vedaba al trabajador la posibilidad de cursar una acción civil contra su empleador, aún verificándose todos los requisitos de la responsabilidad civil, con la única excepción de que el empleador haya actuado con dolo. En el considerando 4 del referido precedente, los ministros Petracchi y Zaffaroni señalaron que:

la Corte, en “Provincia de Santa Fe c/ Nicchi”, juzgó que resultaba inconstitucional una indemnización que no fuera “justa”, puesto que “indemnizar” es… eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento”, lo cual no se logra “si el daño o perjuicio subsisten en cualquier medida (Fallos: 268:112, 114, considerandos 4º y 5º).

La postura antes expuesta es profundizada por el Alto Tribunal en una serie de fallos, entre los que debo destacar el caso “Llosco” [4] que data del año 2007. La Corte entiende que la víctima de un accidente laboral puede percibir de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo las indemnizaciones tarifadas del sistema de la LRT, sin que ello implique la renuncia a reclamar al empleador la reparación civil integral, no contemplada en la tarifa, planteando la inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1, de la ley 24.557. La norma actual contradice la doctrina emergente de los fallos “Aquino” y “Llosco”, violentando el principio de “progresividad”, pilar del derecho laboral.

Es también pasible de duras críticas el traspaso de la competencia para resolver estas acciones a la Justicia Civil. Es innegable que los jueces civiles se encuentran naturalmente capacitados para resolver sobre estas cuestiones, pero las consecuencias procesales que ello acarrea son infinitas. Los abogados que habitualmente litigaban en sede laboral, sistema íntegramente estructurado para la total tutela de los derechos de los trabajadores, deberán hacer frente a mayores riesgos procesales, como ser la caducidad de instancia, negligencias más estrictas en la producción de prueba, así como también mayor volumen de trabajo, ya que el impulso deja de ser de oficio para pasar a ser de parte,  entre otras cosas.

Coincido plenamente con Schick en que la reparación integral del daño injustamente sufrido es una acción de naturaleza constitucional que surge del artículo 19 de dicho cuerpo legal. En este orden de ideas, el régimen de responsabilidad civil aplicable a una acción laboral por daños y perjuicios no deja de integrarse al sistema jurídico laboral, y es por ello que “el Juez debería tamizar la aplicación del derecho común de acuerdo con los principios generales del Derecho del Trabajo” [5].

En base a lo antes expuesto sostengo que la opción, que en lo formal tiene el damnificado, resulta a todas luces ficticia. El trabajador depende de su fuerza de trabajo para lograr su subsistencia y la de su familia. Tras un infortunio laboral que deviene en una incapacidad física que no le permite seguir trabajando: ¿que tan libre puede ser su elección entre cobrar una indemnización rápida de manos de la A.R.T., o rechazarla de manera excluyente para aventurarse a un largo y riesgoso proceso judicial? No debemos olvidar que, según la nueva ley, al optar por la segunda opción, deberá aplicarse la norma civil de forma y fondo, sin siquiera gozar del beneficio de gratuidad de los procedimientos que le confiere el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Otra circunstancia a tener en cuenta es que el procedimiento frente a las A.R.T. se rige por el informalismo: ¿no estaríamos entonces frente a un caso de lesión contemplado en el artículo 954 del Código Civil? Se abusa del estado de necesidad de la víctima, quien se ve forzada a cobrar rápido y sin cabal conocimiento que esa percepción – que repara tan solo parcialmente el daño inflingido – le impide el acceso a un resarcimiento mayor si es que existen “plus perjuicios” no contemplados en la tarifa y se acreditan los presupuestos de responsabilidad civil o laboral [6].

Desde la práctica podemos identificar un tercer supuesto. Se trata del gran número de trabajadores que, si bien no se animan a iniciar una acción civil, deciden recurrir al arbitrio judicial a fin de discutir los pobres e imprecisos porcentajes de incapacidad que les determinan las comisiones médicas para el cobro de la indemnización tarifada. Vemos así como el pretendido objetivo de “reducir los niveles de litigiosidad” tampoco alcanza su finalidad.

Para concluir, no debemos perder de vista que la reparación presupone un daño injusto y que el objetivo principal de cualquier sistema de reacción contra perjuicios injustos es impedir que ocurran [7]. La responsabilidad civil clásica ha evolucionado en las últimas décadas, desplazando su eje del dañador a la víctima. Es así los conceptos de “prevención” y “derecho de daños” se han vuelto nociones indivisibles.

Esta nueva ley nada aporta en materia de prevención del daño. Peor aún, al obstaculizar al damnificado la posibilidad de perseguir una reparación plena de manos de su empleador, este último se ve desincentivado a respetar cabalmente las medidas prevención, higiene y seguridad que deben implementarse en cualquier lugar de trabajo. Con una claridad impecable se pregunta Mosset Iturraspe: “¿Puede haber un incentivo más fuerte para “no dañar” que la amenaza de una condena judicial por resarcimiento?” [8].


[1] “Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables”. Este índice refleja la modificación de las remuneraciones sujetas a aportes de los trabajadores registrados.

[2] SCHICK, Horacio, Riesgos del Trabajo – Ley 26.773, David Grinberg, p. 35.

[3] C.S.J.N., 21/09/2004, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Eficientes S.A. s/ Accidente – Ley 9688”.

[4] C.S.J.N., 12/06/2007, “Llosco, Raúl c/ Irmi S.A. s/ Recurso de Hecho”.

[5] SCHICK, Horacio, Riesgos del Trabajo – Ley 26.773, David Grinberg, p. 153.

[6] SCHICK, Horacio, Riesgos del Trabajo – Ley 26.773, David Grinberg, p. 64.

[7] ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde, “Función preventiva de daños”, en La Ley 03/10/2011.

[8] MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por Daños, Tomo IX: “Responsabilidad de la empresa”, Rubinzal-Culzoni, p.85.

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