Kenia, Quo Vadis?

En el pasado 5 de Septiembre el Parlamento de la Republica de Kenia inició el proceso de escisión del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta maniobra legal, con alto contenido político, es la reacción al resultado de la investigación de la CPI acusando al Primer Ministro William Ruto y al Presidente Uhuru Kenyatta por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia post-electoral a fines del 2007 (Al Jazeera English, 2013). El entonces fiscal de la CPI, el argentino Moreno-Ocampo, utilizando los poderes de propio motu  -por iniciativa propia-, determinó que la Republica de Kenia no estaba dispuesta a dar justicia a las más de 600.000 víctimas desplazadas y los 1.200 muertos por el conflicto (CPI, 2013). Dada la falta de respuesta del sistema judicial de la Republica de Kenia, la CPI decidió extender su jurisdicción por crímenes de lesa humanidad acusando a los actuales jefes de Estado como los principales responsables por la violencia post-electoral del 2007. Con un alto impacto en la política domestica de Kenia y la del continente, los dos acusados y sus partidos políticos en el Parlamento, a pocos días de tener que presentarse en La Haya para el comienzo de su juicio, decidieron mandar un claro mensaje político con tinte amenazante a la Corte y a las víctimas: despegarse del Estatuto de Roma. Este breve ensayo busca analizar las repercusiones de esta medida, no solo en torno a los cuestionamientos del concepto de soberanía en el sistema internacional, sino también el impacto que ella tiene en la Corte Penal Internacional a futuro.

Con solo diez años de existencia, la Corte Penal Internacional busca “poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional [sic] y así contribuir a la prevención de nuevos crímenes” (CPI, 1998). Consideradas como normas de jus cogens (de obligatoriedad punitiva), la Corte Penal Internacional tiene competencia respecto al: (1) crimen de genocidio; (2) crímenes de lesa humanidad; (3) crímenes de guerra; y (4) el crimen de agresión [1]  (CPI, 1998). En la situación de Kenia, la CPI tiene jurisdicción sobre crímenes de lesa humidad.

Entre el Primer Ministro Ruto y el Presidente Kenyatta (hijo del legendario político independista Jomo Kenyatta) la CPI estableció cinco hechos tipificados como delitos  de lesa humanidad contra los dos acusados: “asesinato, deportación o traslado forzoso de población, persecución, violación y esclavitud sexual y, por último, otros crímenes atentando gravemente contra la integridad física o mental” (CPI, 2013). Los dos acusados, recientemente elegidos como jefes de Estado, recalcaron su inocencia dando lugar a comentarios atacando la imparcialidad de la CPI y describiéndola como un proyecto neocolonial en África impulsada por el mundo Occidental (Union Africana, 2013). Utilizando esta retorica amarillista, la comunidad política de Kenia, y otros países como Sudan y Uganda, llamaron a la CPI a abandonar el caso contra Ruto y Kenyatta (Union Africana, 2013).

Otro argumento presentado por los dos acusados y la comunidad política de Kenia pone en tela de juicio la capacidad de gobernabilidad de los acusados democráticamente elegidos, dado que deben padecer frente al tribunal lejos de Kenia, en La Haya, Holanda. A esta situación, tanto la Presidencia de la Corte como también la fiscalía dieron todas las garantías de movilidad y flexibilidad de las fechas, duración y localidad de cada una de las sesiones judiciales en las cuales los acusados deben padecer frente de la Corte. En otras palabras, la Corte garantizó a los dos acusados, dado sus funciones políticas, a tratar con suma consideración la ejecución del juicio dentro del contexto político de la Republica de Kenia. Un buen ejemplo de esta política inclusiva y sensible de la Corte ha sido la interrupción del juicio a Ruto por un mínimo de dos semanas frente a la crisis a raíz del ataque terrorista por parte de los rebeldes Somalíes Al-Shabab al complejo comercial de Westgate en Nairobi durante el pasado 21 de Septiembre. Aun así, los círculos del poder en Kenia se preparan para presentar un proyecto de ley que efectivamente retire al país del Estatuto de Roma.

Parte de esta estrategia política de alejamiento del Estatuto de Roma descansa sobre las bases retoricas utilizada en el 2005 por el ex-dictador libio, Gadafi, como presidente de la Unión Africana (UA). Durante la presidencia de Gadafi frente al organismo regional africano, la orden de detención contra el Presidente de Sudan, Omar Al-Bashir, acusado por la CPI de cometer genocidio contra la minoría étnica de Darfur se convirtió en el ejemplo principal de los círculos políticos africanos despotricando a contra la corte. En este contexto, bajo la excusa de proteger la integridad política del continente y la reputación de sus líderes, la UA, desde entonces, ha intentado bloquear cualquier investigación llevada a cabo por la CPI en el continente. Es más, en el 2010 dentro del contexto de una reunión de carácter urgente, la UA acordó una resolución negando cualquier tipo de colaboración entre la CPI y los estados miembros. [2]

Paradójicamente, de las ocho situaciones [3] (20 casos puntuales) frente a la CPI, el fiscal solo actuó por iniciativa propia en dos causas (Kenia y Costa de Marfil). De las seis situaciones sobrantes, los gobiernos de Uganda, Republica Democrática del Congo, Republica Central Africana y Mali extendieron la jurisdicción de la CPI a sus territorios por decisión propia. En las situaciones de Sudan y Libia -dos Estados no miembros del Estatuto de Roma-, la CPI ejerce jurisdicción mediante una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este mecanismo estipulado en el artículo 16 de Estatuto de Roma le permite a la corte extender su autoridad a estados no miembros de la CPI (Kersten, 2013).

Esto significa que han sido los mismos actores africanos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quienes autorizaron la acción de la CPI en seis de los ocho casos hoy presentes frente al tribunal internacional. Las situaciones de Mali y Costa de Marfil, iniciadas por la oficina del fiscal, son los dos únicos casos en donde la CPI directamente dio apertura a la investigación criminal. Dado estos detalles, el argumento neocolonial con el cual se ataca a la CPI termina siendo nulo. Aun más, vale recordar que entre los 122 estados miembros de la CPI, 34 son de origen africano. Por ello, estos detalles son de suma importancia para entender el impacto político en la Corte a partir de la decisión de Kenia de iniciar el proceso de escisión del Estatuto de Roma.

Lo que estas acciones políticas reflejan (tanto dentro en el plano multilateral y domestico) es el uso arbitrario del concepto de soberanía cuando es conveniente. Kenia como parte del Estatuto de Roma tiene no solo la obligación legal de padecer frente a la CPI sino también la responsabilidad dentro del sistema internacional de brindar justicia a las víctimas del conflicto post-electoral. Esto quiere decir que, como Estado soberano, la prerrogativa de acceder al Estatuto de Roma crea la obligación de padecer con el proceso de la Corte. Si bien uno puede criticar a la CPI por la falta de activismo judicial en otros países, con otros conflictos y con otros tipo actores como por ejemplo Palestina, Afganistán y Sri Lanka, el argumento de por sí no justifica la inacción por parte de los Estados miembros al Estatuto de Roma. Lo que la situación de Kenia refleja, en todo caso, es el uso político de la lucha contra la impunidad para esquivar procesos establecidos mediante normas internacionales, al mismo tiempo que se exteriorizan las prioridades de las victimas a un sinfín de organizaciones humanitarias. Nadie niega que la fundación del sistema internacional, es la libre acción política interna de cada nación soberana. Sin embargo, el concepto de soberanía corresponde a países que integran el sistema internacional, el cual, también se construye en base de normas transnacionales con el objetivo de crear condiciones de paz y prosperidad global. El desarrollo y apoyo a instituciones jurídicas internacionales es, quizás, una de las estrategias centrales para crear condiciones de equidad y desarrollo. La Corte Penal Internacional es, en este sentido, la institución principal dentro de este proyecto cosmopolita. No solo en el sentido jurídico e interpretativo, sino también en el la asistencia a las víctimas. El Fondo Fiduciario para Victimas, otro organismo dependiente de la CPI, es un ejemplo concreto de la capacidad de asistencia y seguimiento a los damnificados por la corte. [4]

Por lo tanto, las ramificaciones de una eventual sucesión de la Republica de Kenia del Estatuto de Roma representan un serio peligro para la integridad de la CPI y su impacto en el futuro. Primero, de dicha acción podría generarse un efecto dómino en donde los restantes siete países africanos en donde la corte tiene jurisdicción, seguirían el ejemplo de la Republica de Kenia atentando seriamente la institucionalidad de la CPI y su credibilidad política. Cabe decir que hasta el momento, la Unión de Estados Africanos ha fracasado en su intento de coordinar una retirada en masa de sus países miembros de Estatuto del Roma. [5] De todas maneras, en caso de que Kenia decida finalmente retirarse de la CPI, el grave impacto político institucional seria un revés en la lucha contra la impunidad a nivel mundial. No solo porque afectaría la capacidad de la corte de iniciar nuevos procesos judiciales sin ser rehén de políticas hostiles, sino también porque reduciría de manera dramática su credibilidad en la lucha contra la impunidad a nivel mundial.

Igual cabe remarcar que, si llegado el caso de que Kenia retire su firma del Estatuto de Roma, no habría nulidad del proceso judicial ya empezado contra Kenyatta y Ruto. La segunda ramificación tiene que ver con la situación de las víctimas de la violencia post-electoral en Kenia. Como dicho anteriormente, la CPI, en conjunto con diferentes actores de la sociedad civil nacional e internacional de los países donde ejerce su jurisdicción, debe cumplir con el mandato de asistencia a las víctimas de los crímenes que investiga. Los estados miembros del Estatuto de Roma no solo contribuyen a la estabilidad financiera del Fondo Fiduciario para Victimas, sino también llevan a cabo tareas de carácter técnico, ya sea dentro del plano de capacitaciones como también en la prestación de servicios médicos y psicológicos críticos para el bienestar de las víctimas. En caso que la Republica de Kenia se retire de la CPI, las victimas beneficiadas por las iniciativas llevadas a cabo por el Fondo Fiduciario para Victimas quedarían sin ningún tipo de cobertura o asistencia, por lo menos, hasta que el estado reconozca la necesidad de continuar políticas de rehabilitación para las víctimas del conflicto post-electoral.

La última consecuencia negativa de esta maniobra sería el impacto político en las relaciones internacionales entre Kenia, el continente africano y el resto del mundo. Dentro del ámbito de las relaciones internacionales, el Estatuto de Roma junto con otros tratados internacionales como la Convención de los Derechos de Niño o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es considerado una norma internacional de base. En otras palabras, países asignan cierto carácter positivo a aquellas naciones que son miembros de tratados internacionales que garantizan derechos, garantías y libertades básicas a sus ciudadanos. Por ejemplo, dentro de la política exterior de la Unión Europea, la CPI representa el estándar mínimo en materia de justicia internacional que se exige para avanzar proyectos económicos, políticos o de seguridad con cualquier otro país, por ejemplo con la Republica de Turquía. [6] De este modo, en caso de que la Republica de Kenia consiga apartarse de la CPI y, en el peor de los casos, el resto de los países de la UA sigan estos pasos, las relaciones internacionales entre Kenia, el continente y otros países o mecanismos regionales, como la Unión Europea, se verían seriamente comprometidas y alteradas.

La Corte Penal  Internacional fue establecida hace diez años con el objetivo de romper con la impunidad e inacción de la comunidad internacional frente a serios crímenes subyugando derechos humanos básicos. Bajo este mandato la CPI es la única institución judicial de su naturaleza en el mundo. Considerada como una corte de último recurso, la CPI se ha convertido en un actor de suma importancia política en las relaciones internacionales. La situación de Kenia es un caso ilustrativo en donde el mandato de la CPI es políticamente manipulado para desestimar cualquier proceso que proteja y brinde justicia a las víctimas de la violencia post-electoral del 2007-2008. La campaña llevada a cabo por la UA no solo va en contra del espíritu del Estatuto de Roma sino también atenta contra el ideal de justicia en el ámbito internacional. La Republica de Kenia tiene la opción de volver a las políticas constructivas que encaminen la relación con la CPI teniendo en cuenta las obligaciones legales del país como también el apoyo crítico a las víctimas de esta situación. Si la Republica de Kenia decide lo opuesto y continúa con su plan obstruccionista y separatista, no solo se verán afectadas las victimas sino la lucha mundial contra la impunidad.

Refrencias

COURT, I. C. 2013. Situation in the Republic of Kenya. In: COURT, I. C. (ed.). The Hague: International Criminal Court.

ENGLISH, A. J. 2013. Is Africa snubbing the ICC? [Online]. Al Jazeera English. Available: http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2013/09/20139645628504680.html [Accessed 1 October 2013].

INTERNACIONAL, C. P. 1998. Estatuto de Roma. In: INTERNACIONAL, C. P. (ed.). Roma: Naciones Unidas.

KERSTEN, M. 2013. The ICC and Kenya Parting Ways? What it Means and what it Doesn’t. Available from: http://justiceinconflict.org/2013/09/05/icc-and-kenya-parting-ways-what-it-means-and-what-it-doesnt/ [Accessed 1 October 2013].

UNION, A. 10 September 2013 2013. RE: Letter to the International Criminal Court. Type to UNION, A.

 

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