A poco más de diez años de la creación de los primeros Tribunales Penales Internacionalizados: (¿) Justicia (?) de transición.

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“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”

Sófocles (496-406 a. J. C.)

I.      Introducción:

El pasado 14 de marzo Ieng Sary, ex miembro del Khmer Rouge, falleció en Phnom Phen, Camboya. El “hermano número tres” fue uno de los cinco procesados por las Cámaras Extraordinarias para las Cortes de Camboya (en adelante, “ECCC“, por sus siglas en inglés) [1], acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a las Convenciones de Ginebra de 1949, entre 1975 y 1979. Su muerte, a la edad de 87 años, generó una serie de cuestionamientos en torno a la actividad de las ECCC.

La serie de eventos enunciados en el párrafo anterior, en el marco de este artículo, opera como un disparador para repensar los resultados de las ECCC y los de otros tribunales de su misma especie. Me refiero a los Tribunales Penales Internacionalizados, Especiales, Híbridos o Mixtos, que han sido presentados por la doctrina, dadas sus características, como una tercera, y superadora, generación de tribunales penales con elementos de internacionalidad.

Con presupuestos infinitamente inferiores a los de sus antecesores, el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia (en adelante, “TPIY“) y su homónimo para Ruanda (en adelante, “TPIR“), la comunidad internacional en general ha sido auspiciosa respecto de las perspectivas a futuro de los tribunales internacionalizados. La capacidad de entrelazar en sus instrumentos constitutivos elementos de los ordenamientos jurídicos de los Estados en los que se establecen con otros propios de los tribunales internacionales, la factibilidad de una solución ad hoc para cada conflicto y sus reducidos costos de operación han sido los estandartes más importantes de sus defensores. Sin perjuicio de ello, a poco más de diez años de la creación de los primeros tribunales internacionalizados, los resultados obtenidos hasta aquí son, cuanto menos,  ambiguos.

En sentido contrario a la corriente mayoritaria, que ha preferido destacar sólo los aspectos positivos de esta clase de tribunales, prefiero esta vez adentrarme en el lado oscuro de algunas de las cuestiones que normalmente se señalan como avances de los tribunales internacionalizados.

II.        La contracara del sistema híbrido de justicia transicional.

II. a)  Un origen entusiasta.

En primer lugar, pese a sus diferencias, podemos definir a los Híbridos, Especiales, Internacionalizados o Mixtos, como tribunales normalmente establecidos en el territorio de los Estados donde han ocurrido los crímenes que juzgan, que combinan en su estructura, organización y funcionamiento elementos propios del sistema judicial vernáculo con otros propios de los tribunales internacionales[2].

El origen de este experimento institucional se remonta a los primeros años de la década pasada con la creación de los Paneles Especiales para Delitos Graves de Timor Oriental (2000),  el Tribunal Especial para Sierra Leona (en adelante, “SCSL“) (2002) y las Cámaras Extraordinarias para las Cortes de Camboya (ECCC) (2003). [3] Los tribunales internacionalizados vinieron a integrar al Estado en el cual se habían producido los crímenes en el proceso de búsqueda de la verdad y la justicia.  En otras palabras, ellos suponían la participación directa de la sociedad víctima de un conflicto armado, mediante la integración de jueces, fiscales, abogados y, principalmente, víctimas [4], en un proceso de juzgamiento y recuperación de la verdad reforzado, o bien legitimado, por el componente internacional.

Desde un comienzo, hubo un fuerte y, prácticamente, unánime entusiasmo por este nuevo sistema de justicia de transición y por el menor nivel de gastos, respecto de sus antecesores, que estos tribunales demandaban. En este sentido, en un informe acerca del Tribunal Especial para Sierra Leona, A. Cassese resume las expectativas iniciales: [T]his institutional experiment was indisputably innovative and broke new ground in international criminal justice.” [5]

Por otro lado, estaban quienes apriorísticamente atisbaban las complicaciones del modelo de justicia híbrido. En efecto, en muchos casos las dificultades no fueron menores: en  Camboya,  algunos de estos planteos condujeron a una dilación de al menos un año en el proceso de negociación para la creación de las ECCC [6]. De igual modo, el primer fiscal del SCSL, poco después de la creación del tribunal, ya prevenía sobre eventuales conflictos de funcionamiento:

“[E]nthusiasm for hybrid courts stems in part from their political advantages vis-à-vis international tribunals. However, despite the benefits that derive from the hybrid model’s synthesis of domestic and international law, the model may create inconsistent legal duties between the court and the host country. In extraordinary cases, these conflicts of law may undermine the proper functioning of the tribunal.[7]

A la luz de las expectativas y reparos expuestos, de aquí en más haré un breve balance sobre los resultados de dos asuntos que suponían grandes avances de esta clase de tribunales penales: por un lado, la razón presupuestaria, por el otro, la participación del Estado y la sociedad en donde ocurrieron los crímenes que se juzgan en el proceso de justicia de transición.

II.b)  La razón presupuestaria.

Tal como anticipamos en la introducción, los tribunales internacionalizados se idearon con el propósito de avanzar sobre las deficiencias evidenciadas por el TPIY y el TPIR. Por ese entonces, quizás la principal preocupación de la comunidad internacional reposaba en los exorbitantes costos de funcionamiento de tales tribunales. En efecto, para el período 2010-2011 el TPIY presupuestó u$s 286.012.600 [8], lo que significa un gasto anual equiparable al  que algunos de los Estados que integran las Naciones Unidas destinan para sostener sus sistemas judiciales vernáculos.

Desde las primeras negociaciones para la creación del Tribunal Especial para Sierra Leona, se destacaba la importancia de la cuestión presupuestaria como condicionante de la actividad del tribunal. [9] Sin perjuicio de la inestabilidad financiera del SCSL (señalada por Cassese como la principal causa de las dificultades operativas del tribunal), sin lugar a dudas, la situación de los Paneles Especiales para Delitos Graves de Timor Oriental es, en lo que respecta a lo presupuestario, la que más llama la atención.  En efecto, para el año 2001, los Paneles Especiales contaron con un presupuesto de u$s 6.3 millones, de los cuales sólo u$s 300.000 se destinaron a los tribunales en sí mismos.  Inevitablemente, la precariedad financiera atentó contra el normal funcionamiento de los tribunales:

“[T]he judges have no law clerks, research assistants, secretaries, trained administrators, court reporters, or proper facilities for legal research. They are housed three to an office, answer their own phones and, when I first visited the Tribunal, were engaged in moving their furniture. The Tribunal has no case manager or any official responsible for managing the calendar. Speculation when and if hearings will take place is a favorite topic of discussion among prosecutors, defense counsel, and NGOs”. [10]

De igual forma, la falta de recursos materiales, técnicos y humanos condicionó de gran manera la actividad defensiva. Una situación grafica esto claramente: debido a la falta de recursos para cubrir los gastos de traslado de los testigos hasta la sede del tribunal, ningún testigo fue aportado por la defensa en ninguno de los primeros catorce casos.

II.c)  (¿) Justicia (?) de transición.

Las limitaciones presupuestarias a las que hice referencia en el apartado anterior repercutieron, en mayor o menor medida según el caso, en la calidad de los procesos judiciales llevados a cabo por cada tribunal. Del mismo modo, la precariedad técnica se hizo demasiado evidente en alguno de ellos. Corresponde nuevamente traer como ejemplo a los Paneles Especiales: en este caso, ninguno de los jueces timorenses tenía experiencia judicial previa y, por estas circunstancias y los bajos salarios que percibirían vis-a-vis los tribunales internacionales, los juristas o jueces internacionales fueron reticentes a la integración del tribunal internacionalizado. De hecho, por estas razones la integración de los Paneles Especiales recién se completó dieciocho meses después de su establecimiento.

Todo lo anterior naturalmente repercutió en la celeridad y calidad de los procesos penales. Sumado a ello, pese a su trascendental relevancia para la resolución de los juicios, el Derecho Internacional Humanitario (en adelante, DIH) era completamente desconocido por los jueces y abogados locales. [11] En consecuencia, muchos procesos que merecían una resolución conforme a reglas de DIH terminaron por resolverse conforme a disposiciones del derecho penal local.

En síntesis, una cosa llevó a la otra: la falta de presupuesto atentó contra la posibilidad de una integración judicial capacitada en Derecho Internacional Penal y DIH, subsiguientemente la falta de rigor técnico significó la vulneración de derechos de víctimas y victimarios.

En algunos casos, la incompetencia técnica de las defensas y magistrados llevó a absurdos jurídicos. Así, en Prosecutor c. Maubere, el señor Maubere había sido acusado por los delitos de desaparición forzada de personas y torturas. [12] Pese a que el imputado elaboró naturalmente toda su defensa en base a las acusaciones del fiscal (aunque sin presentar testigos, por razones presupuestarias) el Sr. Maubere fue encontrado culpable de asesinato como crimen de lesa humanidad, crimen por el cual no se lo había acusado [13]. Algo parecido sucedió en Prosecutor c. Armando dos Santos y en Prosecutor c. Paulino de Jesus. En este último caso el Tribunal de Apelaciones fue más allá, revocando el sobreseimiento del Panel Especial en base a las contradictorias e inverosímiles declaraciones testimoniales de los familiares de la víctima.

Finalmente, aun más increíble fue lo que ocurrió en Prosecutor c. Francisco Dos Santos Laku (aquí tampoco la defensa presentó testigos) donde el tribunal afirmó que los ataques generalizados y sistemáticos por parte de las fuerzas armadas de Indonesia y las milicias timorenses eran tan palmarios que aun –textualmente-“(…) the humblest and most candid man in the world can assess” y por lo tanto no tenían necesidad de ser probados. [14]

En el caso de las ECCC, en los últimos años la, ya de por sí débil, operatividad de los tribunales se ha ido deteriorado de forma progresiva y considerable: dos magistrados internacionales han renunciado a su cargo en menos de seis meses, a saber, el suizo Laurent Kasper-Ansermet, quién sucediera al también renunciante en octubre de 2011, Siegfried Blunk [15]. Kasper-Ansermet ha hecho pública su preocupación por las influencias políticas que afectan a sus pares camboyanos y las serias interferencias en contra de la normal operatividad de las ECCC. Las acusaciones se dirigían principalmente contra el magistrado You Bunleng quien ha mantenido una posición alejada de los fines del estatuto del tribunal, obstaculizando la investigación de los casos 003 y 004, de manera que la actividad de las ECCC se ha vuelto disfuncional.

En este contexto, la todavía reciente declaración de demencia de Ieng Tirith [16] y la muerte de Ieng Sary –dos de los cuatro procesados inicialmente en el Caso 002- han sido motivos de fuertes planteos políticos atinentes a la celeridad, funcionalidad y consecuentes resultados parciales del tribunal internacionalizado que, tras diez años desde su constitución, sólo ha resuelto un caso y se encuentra juzgando otros tres, con imputados que en todos los casos superan los 80 años de edad.

Por su parte, el Tribunal Especial para Sierra Leona no tuvo mejor suerte. En  efecto, en mayor o menor medida, este tribunal pasó por todas las dificultades que han transitado los Paneles Especiales y las ECCC. Esto quedó plasmado claramente en el, ya citado, informe de Cassese:

“(…) I have concluded that three main factors have contributed to the inability to fully live up to initial expectations: (i) the financial insecurity resulting from funding based on voluntary contributions; (ii) the lack of strong judicial leadership; and (iii) the initial failure to draw fully upon the available experience in international criminal proceedings.

Paradójicamente, muchas de las falencias que he mencionado se resumen en el caso más importante resuelto por un tribunal internacionalizado, me refiero al caso Charles Taylor . A pesar del hito que supuso que un tribunal de esta clase juzgue y condene por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a un ex presidente, es del mismo modo oportuno señalar que la inestabilidad política hizo que el juicio deba llevarse a cabo en La Haya y no en Freetown, sede del SCSL. Asimismo, un cable de Wikileaks confirmó  recientemente la fragilidad política del tribunal y del caso, ya que este estuvo cerca de sucumbir por falta de fondos, lo que hubiese desatado un nuevo infierno en la región. [17]

III.             A modo de conclusión.

La falta de recursos financieros, técnicos y humanos, sumada a los vaivenes de la inestable vida política de los Estados sobre los cuales los tribunales se han establecido, han conspirado en contra de los sistemas híbridos de justicia de transición. Los documentos a los que he hecho referencia dan una idea de la precariedad en la que han operado algunos de estos tribunales.

Por todo lo anterior, en sentido contrario al de aquellos que presentaban a esta clase de tribunales como una síntesis de los mejores aspectos del sistema penal internacional y del de los Estados sobre los cuales se han establecido, el andar decenal de los primeros tribunales internacionalizados ha puesto de manifiesto que estos cargan con muchas y graves deficiencias, heredadas de ambos mundos.


[1] Case 002 ( Resumen disponible en: http://www.eccc.gov.kh/en/case/topic/2)

[2]  Cf. Ambos K. & Othman M. (Eds.) (2003) “New Approaches in International Criminal Justice: Kosovo, East Timor, Sierra Leone and Cambodia”, Freiburg: Max Planck Institute for International Law, pp. 2.

[3] No obstante, las negociaciones entre Sierra Leona, Camboya y la ONU, por un lado, y en el marco de la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), por el otro, comenzaron varios años antes.

[4] Véase: Ryngaert, C. (2008), “Victim Participation and Bias in the Cambodian Courts: The Pre-Trial Chamber’s Decisions in the case against Nuon Chea”, Hague Justice Journal 68-82 .

[5] Report on the Special Court for Sierra Leone, Pp. 1. (2006) (Disponible en: http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=VTDHyrHasLc=&)

[6] “(…) el gobierno camboyano insistía en la idea de un tribunal camboyano para cuya conformación requería asistencia internacional, mientras que la ONU apoyaba el establecimiento de un tribunal completamente internacional, formado por jueces que no fueran camboyanos y localizado fuera de Camboya”. Reporte del “Grupo de Expertos”, UN Doc A/53/850-S/1999/231; en Menzel, Jorg. (2008) “¿Justicia demorada o demasiado tarde para la Justicia? El Tribunal de los Jemeres Rojos y el “genocidio” camboyano 1975-1979, en “Revista de Estudios sobre Genocidio”, Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Volumen 2, Buenos Aires, Ed. Eduntref, p.10. (Dispobible en: http://revistagenocidio.com.ar/wp-content/uploads/2013/05/7-26.pdf)

[7] O’rourke, A. (2003), “The writ of Habeas Corpus and the Special Court for Sierra Leone: Addressing an unforeseen problem in the establishment of an hybrid court”, 44 Columbia Journal of Transnational Law. 649.

[9] “7. The Special Court was also designed to avoid some of the pitfalls of its international predecessors, the United Nations International Criminal  Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda (ICTY and ICTR). It was envisaged as a cost effective and more efficient model that would be fiscally responsible to an external Management Committee and donor countries funding the Court through voluntary contributions. Furthermore, it was decided that the focus of the prosecution should be restricted to ―those who bear the greatest responsibility. As a direct result of this limited prosecutorial mandate, the Special Court has been able to keep its budget to a minimum.” Report on the Special Court for Sierra Leone, Independent Expert A. Cassese, Pág. 1. (2006) Disponible en: http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=VTDHyrHasLc=&

[10] Cohen, D. (2002) “Seeking Justice on the Cheap: Is the East Timor Tribunal Really a Model for the Future?”. Asia Pacific Issues. East West Center. No 61, p. 2.

[11] “(…) humanitarian law is scarcely mentioned in the trials or in the judgments of the Tribunal despite its obvious relevance. Needless to say, under such conditions it has been difficult to recruit and retain the kind of experienced international judges and jurists who are willing to sit on the bench at the ICTY in The Hague. The Timorese judges have had no prior judicial experience of any kind. The Timorese members of the unit have no trial experience or expertise in criminal law, and no background in International Humanitarian Law. At the time of my visit only one of the international public defenders had such experience.” Cohen, D. (2002) “Seeking Justice on the Cheap: Is the East Timor Tribunal Really a Model for the Future?”. Asia Pacific Issues. East West Center. No 61, p. 5.

[12] Panel Especial para Crímenes Graves del Distrito de Dili, Prosecutor v Maubere, Caso No 23/2003,  Auto de procesamiento del 23 de septiembre de 2003 (Disponible en: http://wcsc.berkeley.edu/wp-content/uploads/ET-Docs/MP-SCU%20Indictments/2003/23-2003%20Rusdin%20Maubere%20Indictment.pdf.)

[13] Panel Especial para Crímenes Graves del Distrito de Dili, Prosecutor v Maubere, Caso No 23/2003, Sentencia del 5 de julio de 2004, pag. 11-18.

[14] Panel Especial para Crímenes Graves del Distrito de Dili,  Prosecutor v. Francisco Dos Santos Laku, Sentencia, caso nº 8/2001, del 25 de julio del 2001, Pág. 10-11. (Disponible en: http://wcsc.berkeley.edu/wp-content/uploads/ET-Docs/CE-SPSC%20Final%20Decisions/2001/08-2001%20Francisco%20dos%20Santos%20Laku%20Judgment.pdf ).

[16] Summary Expert Report, Case No: 002/19-09-2007 IECCC/TC , del 29 de agosto de 2012. (Disponible en: http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/E138_1_7_13_2_Redacted_EN.PDF )

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2 comentarios

  1. Leandro Dias · ·

    Coincido en lo sustancial con las apreciaciones críticas realizadas. Me parece importante señalar los tribunales mixtos terminaron amalgamando los vicios de los sistemas de respuesta penal ante situaciones de criminalidad sistemática, y no las virtudes. Ejemplos sobran: juicios in absentia en el STL, creatividad y activismo judicial contra reo en prácticamente todos -como la consideración del terrorismo como crimen internacional stricto sensu-, fragmentación del derecho internacional -como la negación de los avances del DIH para la delimitación del concepto de participación activa/directa en las hostilidades en el SCSL-, o mismo la legitimación de la pena de muerte anticipada a partir de condenas de cumplimiento imposible -SCSL y su sentencia de 50 años de prisión a Charles Taylor-. Difícilmente muchos de estos problemas puedan solucionarse si nos manejamos con el sistema de complementariedad de la CPI, pero al menos habría un poco más de certeza en varios aspectos. Después de décadas de proyectos y negociaciones, desde hace diez años que tenemos un tribunal penal internacional permanente -con la ¡virtud! de tener jurisdicción irretroactiva!-. Será cuestión de empezar a utilizarlo de ahora en más.

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  2. Leandro: Estoy de acuerdo. La relación entre la CPI, considerando sus propósitos, limitaciones y virtudes, y esta clase de tribunales es un tema realmente interesante para abordar, más aún cuando se trata de casos de macrocriminalidad. Por otro lado, todo parece indicar que la correcta operatividad de cada Tribunal Penal Internacionalizado depende en buena medida de la fortaleza del sistema judicial doméstico sobre el cual se establece. Naturalmente ello se acentúa más cuando el estatuto prioriza el componente vernáculo en la estructura, composición, etc. del tribunal.

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