La política de invisibilización

Producto de los piquetes llevados a cabo el último 10 de abril de este mes la protesta social vuelve a estar en la agenda pública y política como un tema principal que es necesario resolver cuanto antes. No es mi intención discutir sobre los argumentos a favor o en contra de la protesta social, su regulación y criminalización. No es que la discusión no sea interesante, porque verdaderamente lo es, pero prefiero concentrarme en otro tipo de análisis sobre la protesta social y las distintas políticas que se han impulsado en torno a este tema.

Habiendo dicho esto me gustaría sentar posición al respecto y decir que estoy en contra de todo tipo de regulación y criminalización de la protesta social. En esta dirección no puedo dejar de destacar un párrafo de la muy buena nota de Lucas Arrimada en Le Monde Diplomatique edición Cono Sur [1]:

[l]as protestas de aquellos que no tienen otras vías ni canales institucionales para comunicarse, que agotaron los recursos, operan como la última opción ante la omisión estatal o la pasividad del sistema político. Ahora bien, si se regula la protesta y se comienzan a solicitar formularios, permisos, días y lugares especiales, etc., se consolida la burocratización y censura administrativa y judicial del derecho a la libertad de expresión de muchos grupos que no tienen ni el conocimiento ni la capacidad para traducir sus pedidos ante la autoridad pública. La protesta como acción comunicativa, como ejercicio de la libertad de expresión, no puede pedir permisos sobre todo cuando están comprometidos sectores marginados y excluidos.

Resulta que cuando un grupo de personas corta un acceso principal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ruta muy transitada, la avenida 9 de Julio, o cualquier otro lugar donde confluyen gran cantidad de personas, colectivos y autos, lo que más se escucha es aquella voz que repudia esta manera de expresar un reclamo. Pero es entendible que una persona varada en el colectivo o con su auto durante horas manifieste su enojo y bronca al respecto, que no quiera saber nada sobre la legitimidad del reclamo, ni sobre el reclamo en sí.

Sin embargo, las voces en contra que sí me sorprenden son las de nuestros representantes. Gran parte de nuestra dirigencia ve que la salida fácil está en plegarse a este discurso anti protesta social, y así salen de gira por los medios diciendo que estas protestas vulneran el derecho constitucional de transitar libremente y que hay que ponerles un límite porque se perjudica a un amplio sector de la sociedad. Pero no se dan cuenta de que al adoptar esta posición deslegitiman la protesta social como método, pero, más importante aún, deslegitiman el reclamo en sí. Al insistir con que existen otras maneras de reclamar o hacerse escuchar se le quita importancia a esos derechos vulnerados que están en juego. ¿Qué legitimidad frente al resto de la sociedad puede tener un reclamo desacreditado por la misma clase política? Si para la gran mayoría de nuestros dirigentes el derecho a transitar libremente vale más que el derecho a la vivienda, al trabajo, a un salario digno, etc.  ¿qué les queda a aquellas minorías subrepresentadas que ya ni siquiera quieren ser escuchadas?

El resultado de esta gran voz, compuesta por un amplio sector de la sociedad, los medios y los políticos, que adquiere homogeneidad ante escenarios de mayor conflictividad, es que no nos pongamos a pensar en el reclamo, es, mejor  dicho, la invisibilización del reclamo. Así, la forma en la que se manifiestan pasa a ser más importante que lo reclamado y pasamos a exigirles racionalidad en su manera de actuar a un colectivo de personas que no tiene fuerzas para seguir transitando la burocracia estatal que los deja sin nada. Salimos a pedirles otras vías de reclamo, pero no le exigimos a los dirigentes que resuelvan esos problemas de fondo que son los que en definitiva generan los reclamos. En vez de hacer suyos estos pedidos desesperados de las minorías y darle la importancia que no tienen y merecen en el debate público y en la agenda de políticas públicas a implementar, los políticos solo silencian estos reclamos, los ponen en un segundo plano, dejando aún más indefensos a estos grupos.

En este pedido, por parte de la misma política, de la utilización de mecanismos institucionales para llevar adelante estos reclamos de manera tal que no se afecte el derecho a transitar de otras personas, hay un no reconocimiento de una falta propia muy grave. No hay que realizar un análisis muy profundo para identificar que legisladores y funcionarios no se han concentrado en pensar alternativas para que esto deje de pasar. No se observa ningún avance en materia de diseño e implementación de mecanismos institucionales que permitan canalizar reclamos de una manera eficiente, con la posibilidad de obtener una respuesta rápida que al menos ayude a paliar la situación en el corto plazo, pensando en soluciones más integrales a un largo plazo. Por lo que también deberíamos hacernos esta pregunta desde el lado de las personas que realizan un corte de calle para reclamar. Si el Estado no responde y no ofrece canales de diálogo para solucionar los problemas que este mismo debe resolver, por qué no tomar una medida que tenga un impacto público mayor, que ponga el tema en la agenda pública y obligue a los dirigentes a tomar alguna decisión.

Como si la invisibilización a través de la retórica no fuese suficiente, se busca regular y criminalizar la protesta social cada vez con mayor ímpetu. Ejemplos claro de esto son la peligrosísima Ley Antiterrorista [2] y el reciente proyecto de ley (“Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas”) presentado por el diputado Pedrini que cuenta con el aval de los diputados Conti y Kunkel, entre otros. No basta ya con desoír y minimizar los reclamos, parece necesario impedir que estas situaciones ocurran. Pero no es un impedir en el sentido de atender el reclamo y así evitar el conflicto, es un impedir en términos de que estas situaciones no se den porque no pueden tolerarse.

Si vamos al texto del proyecto [3] nos vamos a dar cuenta de que esta regulación tiende a ser, prácticamente, una prohibición. En este se establece una mediación obligatoria con el objetivo de poner fin a “la perturbación a derechos  de terceros que eventualmente genere la manifestación”, donde el rol del mediador es “identificar las demandas para su canalización al área que corresponda, mediante la coordinación de reuniones y encuentros entre los manifestantes y representantes de agencias estatales o entes privados” [4]. Podemos observar cómo se pone el foco en la “perturbación” de los manifestantes y la imperiosa necesidad de que la gente pueda transitar libremente, pero al momento de pensar en soluciones para los derechos insatisfechos basta con reuniones burocráticas que, seguramente, ya se hayan dado con anterioridad.

También se establece un plazo de dos horas para la mediación, siendo considerada como una manifestación ilegítima si el proceso de negociación forzada se extiende por encima de este plazo predeterminado unilateralmente o los manifestantes se niegan a participar de este proceso [5]. Claro que vale preguntarnos qué se puede negociar en un plazo tan corto como el de dos horas en el que hay que participar de manera obligada ya que no hacerlo configura un perjuicio directo. Y si a esto le sumamos que el inicio de la mediación tiene como efecto inmediato la liberación parcial de las rutas o caminos cortados [6], y que las manifestaciones deben ser avisadas con una antelación no menor a 48 horas [7], ¿cuánto creen que durarán las manifestaciones? Yo augurio no más de cinco minutos, pero independientemente de mi pronóstico lo que importa es lo que este proyecto verdaderamente implica.

Por último, cabe preguntarse por qué y cómo se habla de manifestaciones legítimas e ilegítimas. Como bien señala Bertoni [8],

es muy preocupante que se haga una clasificación entre manifestaciones legítimas e ilegítimas sin hacer referencia al interés público. Muchas de las manifestaciones que podrían clasificarse como ilegítimas, de acuerdo al proyecto presentado, podrían servir a un interés público… Si hay un interés público de por medio, de ninguna manera en estos casos la manifestación es ilegítima, a contrario de lo que surge del proyecto de ley presentado.

Al dar esta debate no podemos perder de vista que lo que está en juego es mucho más que la libertad de expresión y el derecho a peticionar ante las autoridades, lo que está – o debería estar- en el centro de la discusión son los reclamos de fondo. Llevarnos a discutir sobre la forma de protestar, si cortar una calle está bien o mal, si hay que dejar un carril libre de la panamericana, si a la gente le gusta o no, son formas de invisibilizar la protesta, de deslegitimarla. Como sociedad debemos dejar de pedirles respuestas distintas a un grupo de personas que no tiene respuestas por parte del Estado, y debemos procurar que los dirigentes sean los encargados de instrumentar mecanismos que permitan una correcta canalización del problema, de proteger a las minorías, garantizar sus derechos,  y no limitarlos y criminalizarlos.

[1] Arrimada, Lucas, Razones para no regular la protesta social. Disponible en: http://www.eldiplo.org/178-la-nueva-guerra-fria/razones-para-no-regular-la-protesta/

[2] Ley 26.734 disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192137/norma.htm

[3] El proyecto y sus fundamentos se pueden encontrar en este link: http://www.parlamentario.com/db/000/000058_ley_de_convivencia_en_manifestaciones_publicas_(1).pdf

[4] Artículo 14 del proyecto.

[5] Artículo 15 del proyecto.

[6] Artículo 16 del proyecto.

[7] Artículo 7 del proyecto.

[8] Bertoni, Eduardo, Un nuevo retroceso a la libertad de expresión: reflexiones sobre un proyecto de ley de “convivencia en las manifestaciones públicas”. Disponible en: http://ebertoni.blogspot.com.ar/2014/04/un-nuevo-retroceso-la-libertad-de.html

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