Las familias entre el mercado y el Estado

Hoy en día se plantea, en líneas generales, que la mayor capacitación brinda mayores posibilidades de acceder a un empleo. En el marco de un Estado democrático que garantiza el derecho a la educación de todas las personas sin discriminación alguna como un derecho humano con jerarquía constitucional (art. 13, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; receptado por el art. 75, inc. 22, Constitución Nacional) nos interpelamos sobre cómo interactúan el Estado y las familias para dotar de capacitación a los/as jóvenes y conseguir su inserción en el mercado laboral. En relación al mercado sabemos que quienes más encuentran dificultades en acceder a él de manera formal [1] por falta de experiencia, capacitación o capital social son los/as jóvenes, acentuándose esta tendencia en función del género, del lugar de residencia o bien de la ocupación del jefe/a del hogar al que pertenezca esa persona, ocupación que tiende a reproducirse en la siguiente generación (Pérez, 2011:134).

Pérez (2011) se pregunta qué determina el nivel educativo de un/a joven desde la perspectiva social o económica, invitándonos a cuestionarnos cómo interviene el derecho cuando las políticas públicas que despliegan el Estado para promover materialmente la capacitación no son suficientes. Desde una visión macro del contexto socio-económico argentino, conforme lo estableció el Ministerio de Trabajo, desde enero de 2014 el salario mínimo vital y móvil (en adelante “SMVM“) [2] para una jornada de 40 horas semanales es $ 3600. Esta remuneración solo refleja la realidad de las personas con empleo formal (o sea aquéllas que gozan de todos los beneficios previsionales y gremiales) cuyo salario asegura a una familia “hipotéticamente” poder satisfacer sus necesidades de alimentación, transporte, sanitarias, de vivienda y de esparcimiento.

En consonancia con ello, para garantizar la capacitación de los jóvenes y mejorar las posibilidades de acceder a un empleo con dicho salario mínimo, el Estado Nacional ofrece 48 universidades y siete institutos universitarios públicos y gratuitos [3] donde estudia casi el 80% de los estudiantes universitarios, además de distintos institutos terciarios y/o de formación técnica. Comprendiendo que la capacitación superior no se agota en el acceso gratuito a la Universidad, el Estado despliega distintas políticas públicas, de las cuales analizaremos los programas nacionales “PROG.R.ES.AR.”, “Becas del Bicentenario” (PBB) y de “Becas Universitaria” (PNBU), que son las más consolidadas en su funcionamiento por su difusión y permanencia en el tiempo además de un mayor  alcance en función de sus requisitos.

El programa PROG.R.ES.AR [4] es el más amplio respecto a sus destinatarios ya que se comprende la capacitación en cualquier nivel educativo (desde primario a universitario) en función de los requisitos que solicita. El programa está destinado a las personas argentinas, nativas o naturalizadas, entre 18 y 24 años de edad (inclusive) que vayan a iniciar, retomar o completar sus estudios en instituciones educativas de gestión estatal, o acreditadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Además de ello, reconociendo las vicisitudes del mercado previamente señaladas, beneficia no solo a las personas que no trabajen, sino también a quienes sí trabajan “en la economía formal o informal con un salario de hasta el SMVM”, aplicándose esas mismas condiciones al grupo familiar compuesto por los padres y/o el/la cónyuge o conviviente. La paga mensual que se obtiene es $ 600, de los cuales se retiene un 20% que es abonado cuando se presenta en los meses de marzo, julio y noviembre un certificado de alumno/a regular.

Al establecer el tope máximo de ingresos que puede tener la persona o grupo familiar, el Estado interviene promoviendo la continuidad o inicio en los estudios por parte de quienes menos posibilidades tienen de adquirir de alguna manera el preciado capital cultural en términos de Pierre Bourdieu. Confirmando en parte lo que plantea Pérez (2011: 92)

La participación en la actividad económica de los jóvenes muestra, en cierta medida, las decisiones de los hogares de cada clase acerca de cuáles de sus miembros deben participar del mercado de trabajo para lograr los recursos necesarios para cubrir las necesidades del hogar…

Bajo la misma tónica de “inclusión social” y “la igualdad de oportunidades” para promover el ingreso, permanencia y egreso en la educación universitaria existe el PNBU [5] y en los casos en que las carreras, inclusive los profesorados y/o las tecnicaturas estén comprendidas entre las denominadas “estratégicas”, se puede acceder al PBB. Ambas becas amplían el rango etario y no exigen un máximo en los ingresos propios y/o del grupo familiar, siendo incompatible en cuanto a la acumulación de los montos con el PRO.G.R.ES.AR. Para el PBB se considera carreras estratégicas aquellas comprendidas en las ramas de las Ciencias Aplicadas, Naturales, Exactas y Biológicas. Los beneficiados reciben un monto mensual de $ 720 (quienes cursen primer y segundo año), $ 1152 (tercer y cuarto año) y $ 1728 (último año de la carrera). Para las carreras de las ramas de Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, se encuentran las becas del PNBU con idénticos requisitos que las PBB y cuyo monto son diez cuotas de $ 720.

Vemos que el monto mensual asignado a cualquiera de los programas lejos está de alcanzar el salario mínimo vital y móvil. Además de ello debemos mencionar que existen estrategias internas que genera cada universidad mediante los sistemas de becas que sirven para solventar parcialmente la formación y/o capacitación -en términos clásicos promover el ingreso, permanencia y egreso-, especialmente en aquellas carreras que tienen una gran carga horaria de cursada y/o prácticas, no poseen bandas horarias y los lugares de cursada o práctica se encuentran lejos del lugar de residencia de sus estudiantes. Por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata [6] (UNLP) ofrece becas de alojamiento en el Albergue Universitario (son las más escasas en cuanto a su número), las becas para inquilinos/a que benefician solo a los/as estudiantes del interior, becas para acceder al comedor, al transporte interurbano, y al jardín maternal. Además de poder usufructuar más de una beca, la Universidad brinda a los/as estudiantes otros servicios que brinda la institución como seguro/asistencia médica gratuito, comedores universitarios, tren y colectivos internos y gratuitos, bibliotecas, sumado a las estrategias que cada Facultad y los/as estudiantes adopten. Ante el mercado, cuando las políticas públicas del mercado no alcanzan, ¿a quién recurrimos sino a las familias cuyo “derecho” y, en especial, las obligaciones existentes entre sus miembros son reguladas con mayor abstención o no en función del protagonismo y eficiencia del Estado satisfaciendo derechos sociales como son la educación y la salud? [7].

La institución del Derecho de las Familias [8] establecida para satisfacer esta necesidad de asistencia son los alimentos. El derecho a exigir y percibir alimentos tiene sustento en el principio de solidaridad familiar y comprende el derecho-obligación que tienen determinadas personas de brindar a determinadas familiares los medios materiales y afectivos imprescindibles para realizarse como persona sin afectar su dignidad. Una de sus fuentes es la responsabilidad parental, [9] legislativamente llamada patria potestad, que si bien cesa a los 18 años desde el año 2009 (sanción de la ley 26.579, que reforma el art. 265, Código Civil) no es menos cierto que “La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos… se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”, incluyendo en la extensión de los beneficios en materia de previsión y seguridad social hasta dicha edad.

La ley buscó mecanismos para no desproteger a quienes dio capacidad de un día para el otro. Ahora bien, ¿logró su cometido? ¿Qué se entiende por contar con recursos suficientes? ¿A quién beneficia? ¿Qué conflictos o dudas genera su interpretación? ¿Quiénes cambiaron su comportamiento luego de la sanción de la ley? ¿Quiénes pueden y van a recurrir a la administración de justicia? Preguntas que más allá de lo jurídico se entrecruzan con las normas morales y sociales, e incluso la costumbre que rige a cada familia con una obligatoriedad “moral” mayor a cualquier ley sancionada por el poder legislativo. Las familias sin conflictos “irresueltos”, o que tienen mecanismos para resolverlos extrajudicialmente, pueden ser indiferentes al derecho y/o no recurrir ante la administración de justicia… pero ¿pueden ser indiferentes al mercado?

No conforme con ello, en consonancia con las tendencias arriba mencionadas, el derecho proyectado [10] trae algunas modificaciones en materia de alimentos que extienden la obligación alimentaria hasta los 25 años. El Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado de la Nación establece (art. 663):

La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de VEINTICINCO (25) años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido.

La principal diferencia entre la legislación vigente y la proyectada en los alimentos exigibles por la franja etaria desde los 21 a los 25 años sería que el/la alimentado/a y/o el progenitor conviviente (o sea quien exige y tiene derecho) debe probar la continuidad de su formación tal que le impide generar los ingresos propios imprescindibles para independizarse. Ello debe ser determinado por el/la juez/a en cada caso en concreto e incluso ya fue receptado en un fallo. [11]

Entonces, cuando el Estado “no funciona”, es decir, no garantiza una educación que asegure un empleo formal cuyo salario permita satisfacer las necesidades vitales de una persona y de su familia; o, en el mejor de los casos, permita la movilidad social (como en las formas estatales o históricas) con un Estado abstenicionista o ausente, nos quedan las familias resintiendo de esa manera el principio y derecho a la igualdad, signando en parte, el destino de cada uno/a, a la familia a la que pertenece.

 

Referencias Bibliográficas

Fama, M. (2014) “Los alimentos derivados del parentesco y los debidos a los hijos mayores de edad en el Proyecto de Código Civil”. En Revista de Derecho de Familia y de las Personas, año 6, número 3. La Ley, Buenos Aires. Pág. 15.

Pérez, P. (2011) “Jóvenes, estratificación social y oportunidades laborales”. En Revista Lavbortorio: Revista de Estudio sobre cambio estructural y desigualdades sociales, número 24, pág 132. Disponible en: http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/article/view/112/99 (18/08/2014)

Solari, N. (2013) “Alimentos a los hijos mayores de edad entre los 18 y 21 años en el Proyecto”. En Revista de Derecho de Familia y de las Personas, año 5, número 4. La Ley, Buenos Aires. Pág. 3.

 

[1] En tal sentido, se pueden consultar los resultados del último censo realizado en el año 2010 -disponible en http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos.asp (18/08/2014)-, cuyas estadísticas para un mejor análisis que excede a las posibilidades de este trabajo deberían detallarse aun más y analizarse en términos porcentuales, determinando la provincia a la cual pertenecen y a la clase social.

[2] Disponible en:http://salariominimovital.com.ar/salario-minimo-argentina-2014.html (17/08/2014).

[3] Anuario estadístico de educación superior 2011 elaborado por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/109591/Anuario_de_Estadisticas_Universitarias_2010.pdf?sequence=1, pág. 37 (17/08/2014).

[4] Disponible en: http://www.progresar.anses.gob.ar/programa/requisitos-11 (17/08/2014).

[5] Disponible en  http://www.becasbicentenario.gov.ar/aplicacion.php?ah=st53f1545a6defa&ai=contenidos||19000030&id_idioma=1&id_menu=5 (17/0/2014).

[6] Se da el ejemplo de la UNLP por ser la universidad de pertenencia de quien escribe y conoce en detalle sus servicios. Para profundizar los requisitos y detalles se puede ver la pagina seb de la Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles, disponible en: http://www.unlp.edu.ar/becas (18/08/2014).

[7] La idea le pertenece a la Dra. y Prof. italiana Virginia Zambrano tal como lo expuso en su conferencia del último Congreso Internacional de Familia realizado en octubre de 2012 en Mar del Plata, Argentina.

[8] Dejamos de hablar de la familia en singular para hablar de las familias, en plural, para comprender a todos sus tipos, sin importar si esta es matrimonial o no, con personas de igual o de distintos sexo, si es monoparental, o ensamblada, argentina u de otra nacionalidad, en base a la filiación biológica, adoptiva o por técnicas de reproducción humana asistida, con menos base patriarcal, tal como lo plantean las Dras. Aida Kemelmajer de Carlucci y Cecilia Grosman, dos referentes en el derecho de las familias y activistas de las reformas legislativas producidas en el último tiempo.

[9] La responsabilidad parental puede ser ejercida por ambos progenitores biológicos, adoptivos, por técnicas de reproducción humana asistida, de igual o de distinto sexo, estén casados o no (en este caso se requiere el reconocimiento), convivan o no, o bien puede ser ejercido por uno solo (madre o padre), si el hijo/a estuviera reconocido solo por uno de ellos o fuere adoptado por una sola persona, o bien uno/a de ellos hubiese fallecido, salvo que estando en titularidad de dos progenitores, uno de ellos/as estuviese suspendido o privados de su ejercicio, o bien en el caso de las personas que hayan perdido a ambos progenitores, por un/a tutor/a.

[10] Existe para su tratamiento y aprobación en la Cámara de Senadores con algunas modificaciones que no tuvieron difusión pública aun, luego de su aprobación y debate en la Cámara de Diputados un proyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial.

[11] Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral Gualeguaychú, en ”V. R. E. c. V. C. A. s/alimentos” de fecha 11/12/2012, publicado en La Ley Litoral, Buenos Aires, julio, pág 607.

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