Lo que aprendimos de Paola y Viviana.

El mes pasado se celebró, por primera vez y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el matrimonio entre dos mujeres con discapacidad mental, externadas del neuropsiquiátrico Braulio Moyano. La situación, de contornos atípicos, obliga a repasar y cuestionar ciertos paradigmas que aún hoy priman en el sentido común y se combaten, desde hace relativamente poco tiempo, en el campo de las ciencias jurídicas.

Capacidad y pobreza.

Sobre Paola pesa una declaración de insania. En los términos de nuestro Código Civil ello implica que se encuentra impedida de realizar por sí misma prácticamente cualquiera de los actos de la vida en comunidad, como comprar, vender, administrar los propios bienes y –en lo que nos interesa ahora– contraer matrimonio [1]. En cambio, Viviana es inhabilitada. La inhabilitación, en nuestra ley civil actual, es una figura menos gravosa que la insania debido a que la regla es la posibilidad de poder otorgar actos por sí, requiriéndose excepcionalmente el concurso de la voluntad de otra persona (su curador) para los actos que impliquen grandes disposiciones patrimoniales, como la enajenación de un inmueble, contracción de préstamos, etcétera [2].

Son de destacar algunas cuestiones no menores, que las crónicas que informaron el matrimonio omitieron, y que se desprenden del hecho de que ambas mujeres tengan como curadores a los funcionarios que se desempeñan como Curadores Públicos en el ámbito de la Defensoría General de la Nación. Estar bajo una curatela institucional implica, al menos, dos cosas: que no se tiene un referente afectivo de confianza o con la idoneidad suficiente para el desempeño del cargo de Curador; y que se carece de bienes suficientes como para pagar a un profesional que lo supla.

Imagínese, lector, en esa situación: un buen día se levanta y advierte que su organismo ya no le permite realizar una o varias tareas (cualesquiera sean) que para usted resultan centrales en su plan de vida. Lógicamente, desesperado, corre a llamar a su mejor amigo, a su madre, a su padre o quizás a su pareja para pedirle lo auxilie. Pero cuando llega a abrir la agenda, está vacía. Muchos de sus contactos han muerto, otros han dejado de estar interesados en qué fue de su vida, y a otros les genera miedo su presencia.  “Bueno –pensará usted, queriendo calmarse–  puedo pedirle a la vecina, que a cambio de alguna suma de dinero me ayude con esas tareas tan importantes”. El plan será fantástico hasta que advierta que, billetera vacía en mano, tampoco tiene fondos para hacerse de ese auxilio ni de ningún otro.

Tal situación –que tanto a usted como a mí nos acaba de generar escalofríos– es en la que se encuentra la persona al momento de recibir una curatela pública o institucional, luego de un proceso judicial a veces también largo y vejatorio.  Situación que debe revertir el Curador Público definitivo, con un raid de actuaciones judiciales y extrajudiciales que incluyen investigaciones tendientes a vincular a la persona con una familia dispersa y muchas veces desinteresada; solicitudes a los más diversos organismos oficiales y privados; peleas con obras sociales indolentes e infinidad de etcéteras. Ello en el marco de la escasez de recursos que caracteriza al servicio de justicia.

Ese escenario es también en la que se conocieron Viviana y Paola. Por si faltara agregarle ingredientes a la historia, ambas estaban alojadas en un neuropsiquiátrico (en términos correctos, Hospital de Internación Monovalente), una modalidad de tratamiento que las ciencias médicas y humanísticas han considerado inadecuada y perjudicial, y que nuestra actual ley  26.659 de salud mental desalienta [3].

Frente a ese panorama desolador las dos mujeres, auxiliadas por el Estado, lograron desarrollar un plan de vida extramuros y formar una familia. Decir esto último no es ni jurídica ni ideológicamente inocente, e implica tomar partido en ciertas discusiones que seguidamente se exponen.

Familia: ni natura ni cultura. Ambas y ninguna.

Los problemas que acarrean las definiciones en el ámbito del Derecho son tan antiguos que ya ocupaban la conciencia científica de los grandes juristas del Derecho Romano clásico, quienes –para evitarlos, según enseña Abelardo Levaggi– se apartaron de todo concepto general y formulación abstracta, sacrificando la seguridad jurídica en pos de una equidad casuística y bastante intuitiva (Levaggi, 2013). Quizás en ese mismo espíritu, Vélez llegó a decir en su nota al artículo 495 del Código Civil, con apoyo en Freitas, que no definía el concepto de obligación porque las definiciones son impropias de un Código de leyes.

Definir es un acto de creación y exclusión. Cuando nos atrevemos a decir qué es algo, estamos diciendo qué no lo es. En el ámbito del Derecho, las definiciones son de importancia superlativa, porque implican la imputación de un sinfín de consecuencias jurídicas a una determinada situación existente en la realidad. Así, cuando el Código Civil nos dice en su artículo 30 que persona es “todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones” nos dice, por ejemplo, “una sociedad comercial es una persona, un varón de 20 años o una niña de 8 son personas, y entonces pueden endeudarse, cobrar un crédito o contratar” pero también nos dice “un perro, una casa y un muerto, no son personas, y por lo tanto no pueden hacer nada de eso”.

Nuestro Código Civil no nos proporciona una definición de familia. Sí otras piezas de nuestra legislación interna, aunque de una manera que no pretende proyectarse al resto del ordenamiento, como ocurre con el artículo 36 de la ley 14.394 [4] y el 1 de la 24.417, norma esta última que innovó al reconocer a las uniones convivenciales dentro de esa definición [5]. No obstante ello, el Estado argentino se ha obligado a la protección integral de la familia en al artículo 14 bis de nuestra Constitución y demás normas nacionales y locales. Estamos, entonces, frente a una obligación cuyo acreedor aparece como incierto. Similar es la situación en el Derecho Internacional, y buena muestra de ello son los instrumentos a los cuales la Constitución Nacional reconoce jerarquía constitucional, en los que se reconoce a la familia como objeto preferente de la tutela estatal, sin definirla [6].

Entendemos que en el vacío señalado enclava la necesidad, para un Estado de Derecho, de adoptar un concepto de familia tan amplio como sea posible. Es que, si la existencia de una familia aparece como una precondición necesaria para que el Estado tutele con particular intensidad determinados derechos, la tarea de relevar dicha existencia no podrá hacerse jamás restrictivamente, sin vulnerar las exigencias de los principios de no discriminación y pro homine.

En este sentido, resultan esclarecedoras las enseñanzas del jurista italiano Antonio Cicú, quién reconoció al hecho jurídico-social de la familia una importancia anterior y superior a la del propio Estado, consecuencia de lo cual –estimamos– éste jamás podrá imponer a aquélla, un modelo que la restrinja, cercene o limite (Cicú, 1947):

Antes que el Estado y más que el Estado, la familia se presenta como agregado de formación natural y necesaria. No nos interesa aquí indagar cómo, y de que diversa manera, el mismo se vino formando. Solamente nos interesa observar que los elementos constitutivos del hecho jurídico- social de la familia, no se agotan únicamente en la necesidad sexual y en la necesidad de la crianza de la prole (…) Ya hemos observado que en tiempos primitivos es predominantemente la necesidad del sustento común y de la defensa la que determina la organización jurídico social de la familia (…) Si hoy, en la necesidad de la defensa a la familia se la ha sustituido por el Estado, y en las necesidades económicas a la familia se la ha sustituido por el individuo, no por eso puede decirse que haya desaparecido para ella el carácter de agregado necesario.

De lo dicho, surge con claridad meridiana una conclusión que nos devuelve a las protagonistas de este trabajo: dos personas o más que se reúnen (agregan) con miras a la satisfacción de sus necesidades elementales y la concreción de un proyecto común, son familia; y como tal deben ser reconocidas por el Estado de Derecho, a los fines de su protección. Asimismo, como señala el autor, entre las necesidades elementales a satisfacer no son un elemento necesario las sexuales, por lo cual las preferencias que en ese orden manifiesten sus integrantes son superfluas para el Derecho. Se trata, en fin, del derecho a la búsqueda de la la felicidad cuya existencia como tal, dijo alguna vez Jefferson, es una verdad evidente en sí misma. [7]

Entonces, en el caso concreto que estamos comentando, vea lector si la idea de familia que le proponemos no adquiere pleno significado: dos personas, que se encontraban solas y limitadas por un complejo bien amplio de factores biológicos, sociales y culturales lograron –mediante el grupo que conformaron y con el apoyo del Estado– salir de una internación harto prolongada en el tiempo, asumir los riesgos de una vida sin controles severos ni rutinas impuestas, y disfrutar de una vida sentimental en privado.

En suma, la familia ha sido, para estas dos mujeres, una condición de posibilidad de la libertad. Tal como lo expresó con perfección Paola frente a la oficial pública del Registro Civil: “Afuera es más difícil, pero más lindo porque se es libre”.

Cuestión de estado.

Es de señalar en el caso lo importante que ha resultado la actuación de dos reparticiones del Estado, las Curadurías Públicas número  9 y 18. El matrimonio sin su actuación conjunta hubiera resultado imposible dado que, como se dijo antes, la declaración de insania que pesa sobre Paola le impediría contraer matrimonio. En ese sentido, se debió solicitar al juez ante el cual  su expediente de insania tramita la licencia correspondiente para habilitarla a esos efectos.

En contextos donde lo público se asocia cada vez más –y con justicia– a la pérdida de libertad, las intromisiones indebidas y el aprovechamiento de los más vulnerables; dos funcionarios del Ministerio Público de la Defensa asumieron la ardua tarea de ir a contrapelo de un sistema judicial mayoritariamente conservador en lo que a asuntos de familia refiere, vencer los obstáculos insoportables que la administración pública impone a los trámites que requieren una actuación diferente a la ordinaria, y apoyar la concreción del proyecto de vida del flamante matrimonio.

En razón de ello, los dos titulares de las Curadurías Públicas mencionadas (Eduardo Corneo y María Adelina Navarro Lahitte Santamaría) se encuentran también actuando como letrados patrocinantes de Viviana y Paola en una Acción de Amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de garantizar una solución habitacional definitiva para la familia, tras años de vida institucionalizada y ante las dificultades de ambas mujeres de poder insertarse en el mercado laboral.

Resulta por demás interesante el proceso. El Estado tomó una situación altamente conflictiva, compleja y de privaciones dolorosas y, a través de una actuación eficiente y silenciosa de sus engranajes, la transformó en una muy diferente, en la que la autonomía  pasa a ser la regla y la escasez un obstáculo en vías de ser sorteado. Dos funcionarios salidos de esa propia estructura, tuvieron la audacia de desafiar el acertadísimo pronóstico de un Max Weber que  –parado en los primeros años del siglo XX– señaló el riesgo inminente de que la burocratización creciente de las actividades más elementales de la vida acabara por colocar nuestras libertades en una auténtica jaula de hierro (Weber, 2010).

Llegará el momento, esperamos, en que este tipo de casos dejen de resultarnos llamativos y pasarán a ser la regla; hasta entonces insistiremos en su difusión para que sirvan de modelo o, al menos, punto de partida.

Solo queda agradecer la valentía de las dos mujeres, profundamente aleccionadora.  De parte de quienes intuitivamente nos colocábamos del lado de determinadas minorías desprotegidas por el Derecho, por obligarnos a salir de concepciones quizás cómodas, y elaborar argumentos más reflexivos que los que provee la emotividad.  De parte de quienes defendían o defienden posturas diferentes, por también obligarlos a preguntarse una vez más si tal criterio se consustancia con pautas que la Ciencia Jurídica ha elaborado hace tiempo y merecen lectura permanente en clave de actualización.

Por lo demás, ¡vivan las novias!

Bibliografía

Cicú, A. (1947). El derecho de familia. Buenos Aires: Ediar.

Levaggi, A. (2013). Manual de Historia del Derecho Argentino. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Weber, M. (2010). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Buenos Aires: Punto de Encuentro.

[1] El artículo 475 de nuestro Código Civil define, con redacción fatídica y bastante poco respetuosa de la dignidad humana: “Los declarados incapaces son considerados como los menores de edad, en cuanto a su persona y bienes

[2] En el artículo 152 bis de nuestro Código, cuarto y quinto párrafo, con técnica más prudente y moderna, se señalan los actos que el inhabilitado no puede otorgar: “Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos. Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

[3] Artículo 27, ley citada: “Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos…

[4] La norma citada regula la protección del llamado bien de familia. En el artículo 36 en particular se aclara qué se entiende por familia a los fines de esa ley.

[5] El artículo mencionado dice en su última oración: “A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.” (énfasis agregado).

[6] Convención Internacional de los Derechos Humanos, art. 16 inc.3; Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 10; Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 23; etcétera

[7] Declaración de los Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776, artículo 1: “Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; expresamente, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios para adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad.

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