Una sociedad de oportunidades

Hace unas semanas tuvo una gran repercusión el caso de Carlos Alberto García Muñoz o más conocido como “el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos que estuvo preso por violador”. No voy a detenerme en el caso en particular, pero sin dudas este sirve como disparador para reflexionar sobre distintos puntos en materia de reinserción de aquellas personas que cumplieron una condena. Hay diversos ángulos desde donde se puede encarar la reinserción de estas personas, en este caso me concentraré en el plano laboral.

Una primera pregunta que debemos hacernos es cómo tratamos a aquellas personas que cumplieron una condena. Parece haber una visión generalizada que atraviesa medios, profesionales del derecho y la sociedad en general, en la que el grupo de personas liberadas no merecen segundas oportunidades. Estas personas, sostienen algunos, se han equivocado y ese error no es subsanable. Ahora bien, ¿qué refleja esto? Refleja que como sociedad somos incapaces de separar lo que una persona hizo con lo que actualmente hace y es. Que haya cometido determinado hecho no implica que toda su vida posterior vaya a estar signada por esa misma conducta.

También es válido hacernos otras preguntas: ¿Qué más queremos exigir? ¿Hasta dónde se extiende la persecución del Estado y de la sociedad? ¿Qué necesitamos para que una persona pueda realizar su vida nuevamente? La indignación de ciertos sectores de la sociedad no puede superar aquello que se ha previsto como respuesta (la pena) ante un delito. La “muerte social” de la persona no es lo que se prevé y no es lo que una sociedad democrática y respetuosa del estado de derecho debería exigir. No nos hacemos ningún favor como sociedad al exigir que esa persona no pueda hacer nada más con su vida.

Aunque a algunos no les guste, lo cierto es que al atravesar una condena y gozar de la libertad después de varios años de encierro (años que implican vivir en una situación indigna, de aislamiento de prácticamente todo tipo de relación con el exterior, con la familia y con muchísimos lazos sociales que no se reproducen en el interior de las cárceles), una persona, en los términos del sistema actual, ya cumplió.

Lamentablemente la exclusión y discriminación signan la vida de las personas que han cometido un delito por más que hayan cumplido la pena dispuesta. No obstante, no hay que renunciar a la posibilidad de que las personas pueden recapacitar sobre lo que hicieron. No hay que renunciar a la posibilidad de que las personas puedan insertarse nuevamente en la sociedad, tener una segunda oportunidad[1] y contribuir como lo pueden y deben hacer absolutamente todos.

Otro punto para reflexionar, y el punto al que quería llegar, tiene que ver estrictamente con las posibilidades laborales de aquellas personas que han cumplido una condena.

Algunos sostienen que estas personas no pueden ocupar cargos en el Estado, que esos puestos solo deben estar reservados a las personas que no cometieron delitos. Este argumento incurre en un error: que no haya sido detenido no implica que no haya cometido un delito. Solo parecen preocuparnos las personas que el Estado sí pudo juzgar, y dado que la mayoría de las personas detenidas provienen de los sectores más carenciados, olvidados y marginados de la sociedad, este argumento solo funciona como una manera de excluir de empleos estables y bien remunerados a los más castigados. Además, como sostuve párrafos arriba, estas personas ya cumplieron aquello que el Estado impuso como respuesta a lo que cometieron, no podemos seguir imponiéndoles trabas de por vida.

El empleo privado para las personas que pasaron por la cárcel no es una opción. Pocas personas toman a aquellos que han sufrido una condena y muchos de los que se insertan en el mercado laboral lo hacen en el sector informal, constituyendo así el desempleo y la precarización una pena accesoria.

Es aquí donde el empleo estatal juega un rol fundamental, ya que a través de este se podría garantizar un trabajo estable y bien remunerado a un sector que sin dudas lo necesita, un sector que ha sido olvidado, discriminado y criminalizado por el mismo aparato que incumple con obligaciones fundamentales para garantizar su bienestar.

El Estado debe asumir un rol activo en la oferta de empleo a aquellas personas que cumplieron su condena. No solo por las barreras que ofrece el sector privado y la necesidad de garantizar un derecho básico, sino porque el empleo es un factor que contribuye en la disminución de las probabilidades que tienen de reincidir algunos colectivos de personas que pasaron por la cárcel, como han podido demostrar distintas investigaciones[2]. De más está decir que el trabajo no es la única manera de obtener este resultado y que por sí solo no puede reducir el índice de reincidencia a tasas que todos consideraríamos más saludables. Esta es una política pública más que debe ir acompañada de otras, pero es una herramienta que no podemos pasar por alto y que debemos empezar a implementar cuanto antes ya que mientras crece la tasa de encarcelamiento en el país[3], debemos pensar en medidas que realmente funcionen y permitan integrar a estas personas que fueron aisladas y que tienen el derecho de poder desarrollarse, formar una familia y tener un trabajo digno como todas aquellas personas que no han sido encarceladas.

Por esto mismo es necesario abandonar ciertas prácticas y regulaciones que solo perjudican al grupo de personas que pasaron por la cárcel. No tiene sentido, por ejemplo, que exista un “Certificado de Antecedentes Penales” o que dentro del mismo Estado se prohíba a las personas que cumplieron una condena la posibilidad de acceder a un cargo[4] cuando la única respuesta establecida, como ya hice mención, es la pena de prisión. En esta última dirección, la medida tomada por la Procuración General de la Nación por la que se abre la posibilidad a que personas que cumplieron una condena puedan ocupar cargos permanentes y no permanentes representa un avance[5].

Una manera de cumplir con este objetivo es a través de la implementación de leyes que garanticen un cupo mínimo de empleo en distintos en el Estado y distintos organismos estales a aquellas al grupo de personas en cuestión. Esta medida se ve plasmada en la ley 14.301 de la Provincia de Buenos Aires donde se establece que “El Estado Provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado, con las salvedades que establezca la reglamentación, están obligados a ocupar a los liberados con domicilio o residencia en territorio provincial que hayan cumplido más de cinco (5) años de privación de libertad y reúnan las condiciones de idoneidad (…) en una proporción no inferior al dos por ciento (2 %) de la totalidad de su personal; y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellos, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación.” (art. 1).

No hay ciudadanos de primera ni de segunda. Hay ciudadanos, y todos merecen tener las mismas oportunidades.

[1] En este sentido me gustaría destacar las palabras del Gobernador de Connecticut (EEUU), Dannel Malloy, que pronunciara en Yale hace pocos días cuando presentó el programa “Second Chance Society”. Allí sostuvo que: “No podemos ser una sociedad punitiva para siempre. Tenemos que hacerlo mejor en Connecticut. Tenemos que convertirnos en una “sociedad de segundas oportunidades’ donde no castiguemos permanentemente a los delincuentes no violentos, explotando así nuestras prisiones y creando criminales de por vida a partir de personas que cometieron un error” (traducción propia).

Dentro de las distintas políticas presentadas por el Gobernador podemos encontrar políticas de educación, trabajo y acceso a vivienda para aquellas personas que han pasado por la cárcel, con el objetivo de lograr la reinserción de estas y así evitar alimentar la exclusión.

Para más información sobre el programa “Second Chance Society” pueden entrar en “http://www.law.yale.edu/news/19306.htm”.

[2] Christopher Uggen, “Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals: A Duration Model of Age, Employment, and Recidivism”, American Sociological Review, Vol. 65, No. 4 (August, 2000), 529-546; Christopher Uggen y Jeremy Staff, “Work as a Turning Point for Criminal Offenders”, Corrections Management Quarterly, 5 (Fall, 2001), 1-16; Herman J. Bierens y Jose R. Carvalho, “Job Search, Conditional Treatment and Recidivism: The Employment Services for Ex-Offenders Program Reconsidered”, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, Vol. 11, Iss. 1, Article 5 (2001); Torbjørn Skardhamar y Kjetil Telle, “Post-release Employment and Recidivism in Norway”, J Quant Criminol, 28 (2012), 629-649.

Estos estudios han logrado demostrar que el trabajo post cárcel demuestra efectos positivos (es decir, menos probabilidades de reincidir) en aquellas personas mayores de 26 años.

[3] Según el análisis realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación que se pueden observar en su Informe Anual del año 2013: “Entre 1997 y 2012 la población carcelaria total del país, tal como se muestra en el gráfico, ha más que duplicado su tamaño, incrementado su volumen en casi un 110%” (p. 441) “http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Informe%20Anual%202013.pdf “.

[4] El Régimen Jurídico para los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Ministerio de la Defensa de la Nación prohíbe el ingreso a aquellas personas que registran antecedentes penales (art. 34 inc. b). Resolución DGN 1628/2010 “http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/regimen-juridico-del-mpd-resoluciones-vigentes-2875”. Lamentablemente, este es un ejemplo de varias situaciones que se reproducen a nivel nacional y en el resto de las Provincias.

[5] Es importante mencionar que siguen habiendo limitaciones para que las personas que cumplieron su condena puedan acceder al Ministerio Público Fiscal. Resolución PGN 1544/14 “http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2014/PGN-1544-2014-001.pdf”.

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