Imprescriptibilidad de los vejámenes cometidos durante la Guerra de las Malvinas: ¿crímenes de lesa humanidad cometidos contra soldados argentinos?

El pasado miércoles 8 de abril, el reconocido profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Andrés Gil Domínguez, escribió una nota en el diario Clarín, luego publicada en su blog personal, en la que criticó con dureza un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata ni más ni menos de la causa “Taranto”, en la que se discutió el carácter de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, de los vejámenes a los que fueron sometidos ciertos soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas, por parte de sus respectivos mandos. En esta publicación se intentará demostrar que el problema jurídico planteado por el caso resulta mucho más complejo que el planteado por Gil Domínguez y que su propuesta quizá acierte en los resultados, pero no así en los fundamentos. El objetivo detrás de la crítica será el de fortalecer el debate sobre una cuestión de marcado interés público, que seguramente seguirá discutiéndose en los próximos meses.

Las críticas que se expresaron en la nota de opinión del profesor argentino están en consonancia con el dictamen del Procurador General sustituto, González Warcalde, quien dictaminó que la decisión dictada por la Sala I Cámara Federal de Casación Penal [1], en la que se consideró prescripta la acción, debía ser revocada. En particular, los argumentos se centraron en la posibilidad de que los actos inhumanos sufridos por los soldados argentinos —entre ellos, ser estacados durante horas y con temperaturas bajísimas— sean considerados crímenes de lesa humanidad. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó esta posibilidad, al considerar que no se había acreditado uno de los llamados elementos de contexto necesarios para la configuración de un crimen de lesa humanidad: la generalidad o sistematicidad del ataque contra la población civil. En ese sentido, los jueces consideraron que no era suficiente invocar una coincidencia temporal entre estos hechos ejecutados durante el conflicto armado y las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por los miembros de la última dictadura militar argentina. Por el contrario, el Procurador General sustituto hizo hincapié en que no se trataba de una mera coincidencia temporal, sino que las vejaciones que sufrieron los soldados argentinos fueron al menos toleradas y ocultadas por el gobierno militar, resultando esto suficiente para acreditar el elemento contextual. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al momento de tener que resolver el tema, decidió invocar el requisito común del Recurso Extraordinario Federal de “sentencia definitiva”, para así rechazar el recurso.

Dentro de este contexto, Gil Domínguez manifestó su opinión de un modo categórico. Más allá de su crítica al rechazo del recurso por una formalidad, que resulta atendible en tanto la Corte discrecionalmente suele dejar de lado el requisito de sentencia definitiva, lo cierto es que su posición sobre el fondo de la cuestión resulta, cuanto menos, discutible. En particular, el profesor argentino señaló lo siguiente:

Las torturas acaecidas en Malvinas no fueron un hecho aislado, sino que formaron parte contextual de un plan de agresión sistemática contra la población civil, que utilizó a la guerra como un instrumento revitalizador de los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional ¿O acaso no fue un ataque sistemático reclutar forzosamente a jóvenes, imponerles un estado militar y enviarlos al frente de batalla sin instrucción de combate ni equipamiento para enfrentarlos al hambre, al frío y a una potencia enemiga militarmente superior?

La guerra de Malvinas fue un intento de la dictadura militar por seguir demostrándole al mundo que éramos “derechos y humanos”, para lo cual utilizaron a jóvenes de dieciocho años provenientes de las calurosas provincias del norte argentino y de vastos sectores humildes a quiénes sometieron a situaciones vejatorias que atentaron contra el más mínimo sentido de la dignidad humana.

Puede observarse que el núcleo de la argumentación se encuentra en la consideración de que los vejámenes cometidos en Malvinas contra las propias tropas argentinas formaron parte de un ataque sistemático contra la población civil. Si se deja de lado el eventual problema probatorio, incluso asumiéndose que se está en presencia de un plan sistemático o generalizado —o al menos de una serie de actos vinculados directamente con un plan—, se está obviando el problema decisivo: los soldados argentinos no pueden ser considerados, en principio, como integrantes de la población civil. Como señaló en su voto el juez Fégoli, de la CFCP, los soldados argentinos contaban con un estado militar que les imponía derechos y obligaciones —un procedimiento en principio lícito, ya que no se encuentra prohibida por el derecho internacional la práctica conocida como conscripción, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos—, y según el derecho internacional humanitario debían ser considerados combatientes y no miembros de la población civil. No se trata aquí de analizar un formalismo, sino de caracterizar correctamente un hecho en el marco del derecho penal internacional, lo que acarrea múltiples consecuencias a nivel jurídico, como la imprescriptibilidad, que no se presentan en delitos de derecho interno. Uno puede estar más o menos de acuerdo con el requisito de “población civil” dentro del contexto que hace a los crímenes de lesa humanidad, pero hoy en día —y más aún al momento de los hechos analizados— se trata de un elemento indispensable que hace a la definición misma de esta clase de crímenes internacionales [2]. Dado que parecería claro que los jóvenes que sufrieron las vejaciones en Malvinas no eran parte de la población civil, la caracterización de estos actos como crímenes de lesa humanidad resulta dudosa.

Ante la comisión de actos tan graves como los aquí analizados —que incluso podrían dar lugar a la comisión de tortura, hechos aberrantes que de ningún modo pueden ser tolerados en un Estado de Derecho—, resulta natural estar en contra de soluciones que tiendan a ponerle fin a una cuestión por el mero paso del tiempo, evitando la consecución de lo que podría llamarse “justicia material”. Sin embargo, cuando se discuten cuestiones vinculadas con los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, no se está en presencia de meros obstáculos jurídicos, sino de requisitos que hacen las veces de condiciones de legitimidad para la aplicación de un régimen diferenciado en relación con el derecho penal “común”: se trata de crímenes internacionales, cuya gravedad afecta la conciencia de humanidad del mundo entero en virtud de que se está en presencia de cierto contexto en el que el Estado, o una organización de similares características, se vuelve perverso y coloca en situación de indefensión a los civiles. No es el hecho ilícito puntual, por más aberrante que sea, lo que le otorga el carácter de crimen internacional a una conducta —con las consecuencias de imprescriptibilidad o de aplicación de jurisdicción universal, entre otras—, sino el cumplimiento de las mencionadas pautas. A modo de ejemplo: una violación seguida de homicidio cometida en democracia puede ser, según las circunstancias puntuales del caso, un hecho incluso más repugnante que, por ejemplo, un asesinato cometido durante la última dictadura militar argentina. Sin embargo, el último caso da lugar a un crimen imprescriptible, por haber sido cometido por un Estado perverso contra personas que, como entidad asociativa, debía proteger (Luban, 2004) y cuyas consecuencias se encuentran ya asentadas en el derecho positivo, mientras que el primero no.

Más allá de lo expuesto, y como ya lo ha señalado Dalila Seoane (2014) en un trabajo imprescindible, que sea descartada la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad no implica, necesariamente, que se esté en presencia de delitos comunes, afectados por las reglas de prescripción tradicionales. Y es que queda latente la posibilidad de que se trate de crímenes de guerra, es decir, de violaciones graves al derecho internacional que regula los conflictos armados. En esta clase de crímenes internacionales, también imprescriptibles y tan graves como los crímenes de lesa humanidad, el contexto lo compone el propio conflicto armado y ya no se necesita de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Por supuesto que esta postura de considerar a los vejámenes sufridos por los soldados argentinos como crímenes de guerra no está exenta de problemas. Algunos autores (Cassese et al., 2013: 67), han considerado que esta clase de crímenes internacionales no pueden ser cometidos contra las propias tropas, básicamente porque estas últimas no serían una categoría protegida dentro del derecho internacional humanitario. El principal argumento de la postura de Seoane parte, al momento de abordar la crítica tradicional, de considerar que los soldados sujetos a vejámenes por parte de sus superiores, por las condiciones particulares en las que se encontraban en este conflicto armado, debían ser considerados como heridos o enfermos —y, por lo tanto, estar protegidos y ser tratados con respeto—, o bien de que por el hecho de ser combatientes no pierden una protección mínima, consistente en la de ser tratados dignamente por sus pares. Esta discusión sin lugar a dudas excede los límites de este comentario, pero sirve para ilustrar que la cuestión a resolver no es tan sencilla como parecería considerar el profesor Gil Domínguez. Es más, la correcta caracterización de una serie de conductas como crímenes de lesa humanidad o como crímenes de guerra no debe ser considerada como una mera discusión terminológica, en virtud de que pueden derivarse otras consecuencias, más allá de la imprescriptibilidad, tanto para las víctimas como para los presuntos perpetradores. Respecto de las primeras, tienen el derecho a que se refleje correctamente lo que han sufrido, por lo que el derecho penal debe desplegar sus efectos simbólicos del modo más fiel posible. En cuanto a los imputados por crímenes internacionales, sus posibilidades de defensa dependen en gran medida de la caracterización que se realice de sus conductas. Sólo a modo de ejemplo, ciertas defensas que pueden argumentarse en casos de crímenes de guerra, como podría ser la necesidad militar, difícilmente puedan tener acogida ante la comisión de crímenes de lesa humanidad.

En estas breves líneas intenté demostrar que la cuestión de los vejámenes sufridos por los soldados argentinos durante el conflicto armado entre Argentina y Reino Unido resulta difícil de resolver. En ese sentido, la perspectiva del profesor Gil Domínguez, al igual que la manifestada por el Procurador General, falla en el enfoque de la cuestión: para afirmar que se está en presencia de un crimen de lesa humanidad, las víctimas deben ser integrantes de la población civil. Esto último no sucede en el caso analizado. Sin perjuicio de lo expuesto, puede que de todos modos se trate de crímenes imprescriptibles, porque las conductas podrían encuadrar en la categoría de crímenes de guerra. Es así que, como ya se mencionó más arriba, probablemente la posición del profesor argentino acierte en los resultados, pero no en los fundamentos. El problema está en que en el análisis de estos casos polémicos, de enorme trascendencia para la sociedad argentina post dictatorial, la fundamentación importa. Y mucho.

Leandro A. Días es abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente de la Facultad de Derecho (UBA) en la asignatura Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal (cátedra Prof. Dr. Dr. h.c. Marcelo A. Sancinetti).

Notas

[1] CFCP, “Taranto, Jorge Eduardo s/recurso de casación”, causa nº 14.969, rta. el 13/11/2009.

[2] Sólo a modo de ejemplo, el artículo 7(1) del Estatuto de Roma define al elemento de contexto de los crímenes de lesa humanidad de la siguiente forma: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque […]”. Desde ya que esta definición no puede aplicarse sin más a los hechos acontecidos durante la última dictadura militar, en virtud de que todavía no estaba vigente este tratado internacional. Sin perjuicio de lo expuesto, lo expuesto en el Estatuto en gran medida representa lo expuesto por el derecho internacional consuetudinario sobre el tema y puede ser utilizado como guía, al menos en principio.

Bibliografía

Cassese, A. et al. (2013), Cassese’s International Criminal Law. New York, Oxford University Press.

Luban, D. (2004) “A theory of crimes against humanity”, en Yale Journal of International Law, vol. 29, pp. 85-167.

Seoane, D. (2014) “Imprescriptibilidad de vejámenes a soldados en el derecho penal internacional”, en Ziffer, P. (dir.), Jurisprudencia de Casación Penal, Tomo 8. Buenos Aires, Hammurabi, pp. 203-276.

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