Avanza un proyecto de ley en Brasil que propone la precarización de las relaciones laborales

En medio del frenesí social y político en el cual Brasil está sumergido debido a las frecuentes manifestaciones de miles de indignados que ocurren en todo el país ante las prácticas políticas plagadas de corrupción y desvío de fondos públicos (en especial, el reciente escándalo de Petrobras), el Congreso Nacional aprovechó la oportunidad para avanzar en la aprobación de un viejo y controvertido proyecto de ley [1]. Recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, éste  trata sobre la tercerización de la mano de obra por las empresas.

Actualmente no existe una ley general que regule el régimen de trabajo tercerizado en Brasil, sino que las reglas aplicables se extraen de la Súmula [2] nº 331 del Tribunal Superior del Trabajo, la cual determina que la tercerización solo se admite para las denominadas actividades de medio (no relacionadas al producto final de las empresas), por lo cual están prohibidas para las actividades de fin.

El proyecto de ley propone que se autorice la tercerización en todos los sectores de la economía, tanto en el ámbito privado como en el público – con excepción de la administración pública directa, de las autarquías y fundaciones públicas. Entonces, el principal cambio es que la ley permitirá la contratación de empleados terciarizados para todas las actividades empresarias y no solamente las de medio. Así, por ejemplo, una escuela tendría la posibilidad de contratar maestros tercerizados.

Las opiniones acerca del proyecto de ley dividen a los especialistas e interesados (o no) en su aprobación.

Para quienes están a favor de la medida, la nueva ley se destina a “actualizar” la legislación laboral y contemplar una realidad ya existente en el mercado de trabajo, que dejaba al margen de la protección de las leyes laborales a miles de trabajadores tercerizados. De acuerdo con los defensores del proyecto, la nueva ley brindaría mayor libertad de contratación a las empresas. Los defensores de la medida afirman que se deberá esclarecer los conceptos de actividad de fin y de medio, distinción que hoy fomenta el inicio de procesos en la justicia laboral, los cuales ascenderían a 17 mil (aprox.). En consecuencia, los que abogan a favor del proyecto de ley argumentan que serviría para “desahogar” al Poder Judicial de un sinnúmero de expedientes. Finalmente, otros afirman que la ley dará más seguridad a los actuales trabajadores tercerizados, al permitirles afiliarse a sindicatos y garantizar sus derechos y garantías.

En Brasil, las relaciones laborales están reguladas por el Decreto-Lei nº 5.452/1943 –Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)– sancionada por el presidente Getúlio Vargas. La CLT es reconocida como un símbolo de conquista de los trabajadores, por haber sacramentado importantes derechos laborales como las vacaciones, el aguinaldo, vale transporte [3], ausencias diversas (por matrimonio, paternidad, maternidad, entre otras) y el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) [4].

Aunque se destaquen entre los especialistas y legisladores algunas voces defensoras del proyecto de ley bajo comentario, nos parece que aquélla tiende a perjudicar a la masa trabajadora. Cabe destacar, en primer lugar, que la tercerización del trabajo tiene lugar principalmente con el fin de reducir costos en las empresas. En este sentido, no se puede ignorar que la mano de obra es un factor de elevados gastos para el empresario, en faz de las pesadas retenciones incidentes sobre la nómina de sueldos. Así, el proyecto serviría para aumentar gravemente la ya precaria condición laboral de algunos trabajadores, con un espíritu de notable carácter económico-conservador destinado a beneficiar a las empresas, que verían crecer sus rendimientos con la reducción de los costos laborales.

Sin dudas, la aprobación del proyecto de ley reduciría las retenciones incidentes sobre los salarios, pero, ¿a qué costo para el trabajador? Brasil es un país que tiene cerca de 204 millones de habitantes [5]. De éstos, cerca de 50 millones tienen empleos en relación de dependencia en el mercado formal de trabajo. Según especialistas, la tercerización de puestos de trabajo afectaría directamente los empleados con menor calificación y aquéllos que no cuentan con una fuerte representación sindical.

Si se considera que el perfil de los empleos en la industria y comercio, por ejemplo, es menos calificado, los trabajadores de este sector sería de los más afectados – ya que es una tendencia de las empresas no tercerizar sus trabajadores más calificados. En otras palabras, la previsión es que el que gana menos, sufre con el riesgo de ver su salario todavía más precarizado, ya que el salario de trabajadores tercerizados es un 24% menor que el de los demás empleados formales [6].

El tema de los accidentes de trabajo también se verá afectado, puesto que es conocido que la rigidez de la fiscalización del cumplimiento de las normas de seguridad del trabajo es mucho más laxa por parte de las empresas subcontratadas, que no cuentan con las mismas condiciones económicas y tecnológicas para cumplir con las normas de seguridad e higiene. Es también posible que ocurra una disminución en la oferta de empleos, dado que -según estadísticas actuales- los tercerizados suelen trabajar tres horas más por semana que los empleados en relación de dependencia.

Por otra parte, la tercerización tiene el efecto de aislar la relación económica de trabajo de la relación jurídica. Es por ello que en esta situación el trabajador presta servicios sin tener vínculo laboral con el empleador. La relación pasa de bilateral a trilateral: involucra el empleador, la empresa tercerizadora y la tomadora de servicios. Así, la reducción de los salarios se explica por el esquema mismo del contrato de trabajo: con un intermediario en la relación jurídica (la empresa que presta el servicio a la contratante), parte de las prestaciones (directas o indirectas) que el trabajador en relación de dependencia no-terciarizada recibiría es destinada a la empresa intermediadora. Igualmente, de esto se desprende la reducción de las contribuciones e impuestos incidentes sobre los salarios y la nómina de sueldos, generando un posible déficit en las cuentas públicas a futuro.

Ahora bien, en el caso de que el trabajador sea empleado en relación de dependencia, su contrato se rige todavía por la CLT y aquél cuenta con la protección de la ley para que el empleador realice los aportes necesarios a la seguridad social. En cambio, el tercerizado prestador de servicios cuenta con un status distinto, puesto que es él mismo responsable por sus propios aportes.

¿Quién gana con estos cambios legislativos? Una medida no se puede considerar benéfica si no proporciona un cambio positivo a todos (o casi todos). En este caso, seguramente, no serán los trabajadores –sin dudas, el eslabón más débil de la relación laboral- que ganarán con el cambio. En los últimos años, las personas que ingresaron al mercado formal de trabajo consisten de mujeres, jóvenes y afro descendientes –sectores de la población que, por motivos históricos, más necesitan de la protección del Estado y que más se verán afectadas por el proyecto de ley. Por el contrario, beneficiados serán los empleadores que dispondrán de más mano de obra barata. No se puede ignorar, además, que la precarización del trabajo significa decrecimiento del poder de compra del ciudadano; el retroceso salarial, a su vez, disminuye el consumo y afecta al mercado en su totalidad.

En suma, entendemos que el mentado proyecto de ley trae en su totalidad más pérdidas a los derechos de los trabajadores – y consecuencias negativas a la sociedad como un todo – que beneficios.

[1] Proyecto de Ley nº 4330/2004: Disponible en http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=267841.

[2] Una súmula es una síntesis de una serie de fallos de un mismo tribunal, que adoptan idéntica interpretación de un precepto jurídico.

[3] Beneficio que el empleador ofrece al trabajador, ya sea por medio de complementación salarial, ya sea a través de descuento en su salario, que se utilizará para pagar el transporte hacia y desde el trabajo.

[4] El FGTS es un fondo en el cual el empleador debe pagar el 8% del salario bruto del empleado al fondo y que, en caso de dimisión o jubilación, el empleado puede retirar.

[5] Según datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística.

[6] Según datos del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE).

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