Las uniones convivenciales y una inconsistente protección de la vivienda familiar en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, “CCCN”), sancionado en octubre de 2014, ha generado las más amplias discusiones acerca de las nuevas regulaciones incorporadas. A pesar de encontrar opiniones disímiles y fuertemente encontradas, ha significado un avance en materia de reconocimiento de derechos y regulación de situaciones cotidianas que necesitaban su correspondiente recepción en el ordenamiento jurídico nacional.

El CCCN ha incorporado considerables modificaciones en la regulación de las relaciones matrimoniales, cambiando el paradigma del matrimonio y la familia, tanto desde el análisis general como también desde cuestiones más específicas. Respecto del tema que nos convoca, la nueva normativa ha incorporado una nueva figura, ubicada en el Título III del Libro Segundo, denominada uniones convivenciales.

Si bien el análisis de las disposiciones del matrimonio y las recientemente incorporadas uniones convivenciales pueden realizarse desde diversos enfoques, aquí el punto estará centrado en las diferentes consecuencias de la reforma, especialmente en los aspectos económico-patrimoniales.

Las uniones convivenciales

Las uniones convivenciales constituyen una de las incorporaciones más polémicas del CCCN, debido a las consecuencias jurídico-patrimoniales que de ella se derivan. Las uniones convivenciales son definidas en el artículo 509 como:

unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.

Respecto de ellas se establece una serie de requisitos en el artículo 510, vinculados a:

  1. la edad, puesto que se requiere mayoría de edad a ambos convivientes;
  2. el parentesco, puesto que se requiere la ausencia de parentesco en línea recta en todos los grados y en línea colateral hasta el segundo grado; y
  3. la ausencia de ligamen matrimonial u otra convivencia registrada de manera simultánea, como así también una convivencia mantenida por un período no inferior a dos años.

De esta manera, el CCCN no establece ninguna disposición referida al estatuto personal de los convivientes, a pesar de que la convivencia será un supuesto necesario por ser la base fáctica que le da origen a esta figura. Por otro lado, se dedican distintas disposiciones adicionales en los Capítulos 2 y 3 del Título III del Libro Segundo, cuyas consecuencias patrimoniales tienen gran trascendencia.

En primer lugar, y en aras de consagrar el mentado principio de autonomía de la voluntad, permite a los convivientes la posibilidad de celebrar pactos de convivencia cuya finalidad podrá ser regular la contribución de las cargas del hogar durante la vida común, la atribución del hogar común (en caso de ruptura) y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común (en caso de ruptura de la convivencia) (art. 514). No obstante, de acuerdo a los arts. 515 y 513, los convivientes podrán además convenir todas las condiciones que consideren apropiadas para su régimen económico, siempre que no afecten el orden público, la igualdad de los convivientes, los derechos fundamentales de cualquiera de ellos, ni lo establecido en los arts. 519, 520, 521 y 522.

Las disposiciones referidas tienen dos consecuencias que aquí interesan principalmente. En primer lugar, implica otorgar mayores libertades y privilegios a quienes mantienen su relación afectiva pública, notoria, estable y comparten un proyecto de vida común en relación a quienes formalizan tal relación mediante el instituto del matrimonio, dado que aquellos podrán darse el régimen que consideren más conveniente, mientras que éstos deberán optar por uno de los dos regímenes preestablecidos por el CCCN. En segundo lugar, los límites establecidos por el art. 513 consagran un régimen convivencial patrimonial primario, dado que tal normativa no podrá ser dejada sin efecto por la voluntad de las partes. Este régimen primario establece una serie de disposiciones, entre las que podemos mencionar:

  1. Deber de asistencia, que no solo incluye una asistencia en el sentido de colaboración –ya sea esta física o espiritual–, sino que podría llegar a comprender indirectamente las prestaciones alimentarias (art. 519).
  2. Deber de contribuir a los gastos del hogar, en coincidencia con lo establecido para el matrimonio en el art. 455 (art. 520).
  3. Responsabilidad solidaria por deudas frente a terceros, puesto que los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído para hacer frente a las necesidades del hogar, sostenimiento y educación de los hijos comunes (art. 521).
  4. Protección de la vivienda familiar, que en este caso realiza una distinción entre los efectos de la unión convivencial registrada y aquella que no lo está (art. 522). De esta manera, la protección de la vivienda familiar solo surtirá efectos en el caso de las uniones registradas, mientras que –de lo contrario– dicha vivienda podrá ser atacada por los acreedores del propietario.

La inconsistente regulación: una cuestión de desigualdad

Una vez descriptas en general las nuevas disposiciones patrimoniales en lo convivencial, merece ser destacada una serie de aspectos que denotan considerables inconsistencias en relación a las disposiciones matrimoniales. Dichas inconsistencias no solo evidencian una incongruencia sistemática, sino también una clara contradicción con la normativa constitucional y convencional.

En primer lugar, resulta cuestionable que pesen sobre los cónyuges recíprocas obligaciones alimentarias y deber de asistencia, mientras que para los convivientes solo podemos encontrar una referencia a este tipo de deber en el art. 519, que al regular el deber de asistencia permitiría comprender –aunque indirectamente– las obligaciones alimentarias.

En segundo lugar, particular atención merecen los regímenes patrimoniales primarios. En el matrimonio, este régimen se restringe a la contribución de las cargas familiares, la determinación de los actos que requieren el asentimiento del otro cónyuge, la protección de la vivienda familiar y la solidaridad de las deudas, entre otras. Por su parte, en el régimen convivencial comparte con el anterior solo los supuestos de la contribución en los gastos del hogar y la responsabilidad solidaria frente a terceros respecto de las obligaciones contraídas por uno de los convivientes para solventar las necesidades del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos (art. 521 con remisión al art. 461). No obstante, existe una diferencia que parecerá menor, pero que tiene grandes trascendencias.

El hogar está protegido en la relación matrimonial en todos los casos, siempre que la obligación haya sido contraída después de la celebración del matrimonio (y con la excepción de los casos en que quienes asumen la obligación han sido ambos cónyuges conjuntamente o por uno con el asentimiento del otro). Por el contrario, en la unión convivencial encontramos diferentes niveles de requisitos para gozar de esta protección (art. 522):

Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. […]

La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro.

Es oportuno aclarar que la normativa que se analiza opera independientemente de lo dispuesto en el capítulo de vivienda familiar (arts. 244 al 256), y opera de pleno derecho una vez registrada la unión convivencial (Santangelo, 2013: 263).

De lo expuesto resulta que las uniones convivenciales producirán dos tipos de efectos. Por un lado, el régimen convivencial primario será pasible de aplicación a las uniones convivenciales que han sido inscriptas con inclusión de la protección de la vivienda familiar. Por el otro están aquellas uniones convivenciales no inscriptas, cuya aplicación del régimen convivencial primario se restringirá al deber de asistencia, la contribución a los gastos del hogar, la responsabilidad solidaria por deudas, mas no comprenderá la protección de la vivienda familiar.

¿Acaso no resulta esto una discriminación contra determinados grupos familiares? ¿No es esto contradictorio con lo establecido por nuestra Constitución Nacional y por los Convenios Internacionales cuya jerarquía constitucional establece el artículo 75, inciso 22 de la Ley Fundamental? Es evidente que la diferenciación de los efectos producidos no goza de una justificación suficiente. Esto, debido a que las uniones convivenciales toman como base la situación fáctica, produciendo notables diferencias en los efectos la realización del acto jurídico de inscripción de las mismas. Pues bien, esto implica una irracionalidad y arbitrariedad por parte del legislador, dado que condiciona la protección de la vivienda familiar a la realización de la mentada inscripción, significando una manifiesta discriminación entre grupos familiares por la sola carencia de la inscripción. De esta manera, está condicionado el derecho de todo individuo de gozar de la protección integral de la familia (art. 14 bis, in fine, de la Constitución Nacional) [1] y de acceso a una vivienda digna ­en las condiciones de las leyes que reglamenten su ejercicio, lo cual incluye la protección y la conservación.

La vivienda familiar es uno de los elementos fundamentales para la dignidad humana, para la salud físico-mental y, sobre todo, constitutivo de la calidad de vida requiere el desarrollo personal. A nivel internacional se la define como el derecho de todo hombre, mujer y niño a acceder y mantener un hogar y una comunidad en que puedan vivir en paz (Lloveras y Salomón, 2009: 484). Coincidentemente con ello, el derecho de protección de la vivienda familiar está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 14.2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el artículo 27.3 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 5 inciso e.iii de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros; y todos estos cuerpos tienen jerarquía constitucional según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) en “Missart, Miguel Ángel s/haberes” [2] sostuvo que:

la protección constitucional de la familia no se limita a la surgida del matrimonio legítimo, porque a la altura contemporánea del constitucionalismo social, sería inicuo desamparar núcleos familiares no surgidos del matrimonio.

En coincidencia con lo establecido por la CSJN, la Sala M de la Cámara Nacional Civil, en autos “Ceber, Juana c. Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal s/recurso directo a Cámara”, sostuvo que [3]:

La finalidad del instituto (del bien de familia) es la protección de la familia, independientemente de si ha habido o no descendencia y/o si sus miembros se han casado de acuerdo a la ley civil o no […]. [L]a existencia del núcleo familiar sin correlación con las instituciones legales de matrimonio y parentesco es indiscutible como realidad fáctica, aún entendiendo que la familia solo se halla reconocida, en derecho, en la medida de tales presupuestos. Por ello, excluir a la familia de hecho del beneficio del régimen de familia importa una discriminación infundada e inaceptable, pues con aquella restricción se vulnera el principio de autonomía de la voluntad que resulta ser uno de los pilares sobre los que se asientan los derechos humanos y sus implicancias.

Sumado a ello, y enfocando nuestra atención en el hecho de que las uniones convivenciales incorporan en su régimen convivencial primario la responsabilidad solidaria de los convivientes por las deudas familiares, esto implicaría que, no solo ahora los convivientes deberán responder solidariamente por las deudas familiares, sino que, si su unión convivencial no se encuentra inscripta, su vivienda hogar estará en peligro de ser atacada por los acreedores, debido a que no se encuentra protegida de acuerdo al art. 522 del Código Civil y Comercial de la Nación analizado supra.

De esta manera, el Código Civil y Comercial de la Nación otorga un gran avance del derecho de los acreedores en desmedro del derecho de familia, a la vez que no respeta la autonomía de la voluntad y los principios de libertad e igualdad, pues no se aprecian razones que justifiquen un tratamiento diferenciado entre las familias cuyo origen sea diverso (matrimonial o convivencial con o sin registro), tengan o no descendencia, ya que todas ellas pueden presentar las mismas características de singularidad, estabilidad, permanencia, publicidad y asistencia recíproca, y tienen los mismos requisitos. La normativa constitucional y supra constitucional protege a la familia, sin distinguir su origen. “…Pues, como se señaló en la realidad, la convivencia de pareja es una situación visible y clara que emerge de la actualidad como manifestación de la realidad argentina” (Gutiérrez Dalla Fontana, 2014).

Así, me permito concluir que esta cuestión deberá ser revisada con detenimiento, debido a que –desde mi humilde opinión– cercena manifiestamente el derecho del grupo familiar a la protección de su vivienda, lo que es, es mi opinión, abiertamente inconstitucional.

Notas.

[1] Se entiende a la familia como el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros.

[2] C.S.J.N. (08.03.1990), “Missart, Miguel Ángel s/haberes (prenatal)”.

[3] CNCiv, sala M (16.05.2014), in re “Ceber, Juana c. Registro de la Propiedad inmueble de la Capital Federal s/recurso directo a Cámara”. Cita on line: AR/JUR/18102/2014.

Referencias bibliográficas.

Gutiérrez Dalla Fontana, E. (2014) El bien de familia y la protección de la vivienda familiar en caso de concubinato o unión convivencial, Derecho de Familia y de las Personas – Familia, Ed. La Ley, Año VI, Nº 9, Octubre 2014.

Lloveras, N. y Salomón, M. (2009) El Derecho de Familia desde la Constitución Nacional. Ed. Universidad, Bs. As. 2009.

Santangelo, M. (2013) La protección de la vivienda familiar en las uniones convivenciales, en Revista Jurídica Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, número 17.

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