¿Qué es el lavado de activos?

I. ¿Qué es el lavado de activos de origen delictivo?

Hay delitos cuya comisión tienen por efecto la incorporación de activos al patrimonio de una persona que es beneficiaria de tal delito. Este enriquecimiento, evidentemente, no tiene una causa legal, sino delictiva, y es por ello que se refiere a tales bienes apropiados por el beneficiario como activos de origen delictivo [1].

EJEMPLO: El robo de dinero implica la incorporación de esa suma de dinero al patrimonio del ladrón. Este enriquecimiento no tiene una causa legal, puesto que el robo no es una causa legítima de adquisición de la propiedad. Así, ese dinero es un activo con origen delictivo para el ladrón.

Ahora bien, cuando la magnitud de este enriquecimiento ilegítimo es significativa, el beneficiario no puede utilizar abiertamente tales activos de origen delictivo sin exponer una inconsistencia patrimonial entre sus activos legítimos (en blanco) y los ilegítimos (en negro) ante terceros o la Administración Pública. Evidentemente, este es el caso típico del crimen organizado y la corrupción gubernamental.

EJEMPLO: Una red de venta de narcóticos puede ser una fuente adquisición de grandes sumas de dinero para un narcotraficante. No obstante, ese dinero no puede ser utilizado abiertamente en el circuito formal de la riqueza, puesto que el narcotraficante carece de una explicación legítima para la incorporación de aquellos a su patrimonio.

Es así que la comisión de delitos sistemáticos o de magnitud requiere también la realización de actos que permitan disimular la falta de un origen legítimo de los activos de origen delictivo, a fin de que los beneficiarios puedan aprovechar el resultado del delito. Estos actos son los constitutivos del lavado de activos de origen delictivo, es decir, de aquellos bienes que están sucios por haber sido adquiridos ilegítimamente.

II. ¿Cómo funciona el lavado de activos de origen delictivo?

El lavado de activos de origen delictivo suele estructurarse en tres etapas:

  1. Ubicación (placement): introducción de los activos en el circuito de la riqueza.
  2. Cobertura (layering): realización de operaciones para camuflar la fuente ilegítima.
  3. Integración (integration): adquisición de la riqueza derivada de la operación con los activos de origen delictivo.

Esta estructura es muy simple, tal como lo explica sucintamente el Dr. Saul Goodman en el siguiente video (en inglés):

Los métodos aplicados para el lavado de activos son incontables, aunque algunos son más frecuentes:

  • Atomización de los activos en pequeñas unidades para evitar la activación de las alertas del sistema de prevención de lavado de activos de origen delictivo (que explicaremos seguidamente).
  • Operación en paraísos fiscales (con normas de secreto bancario más convenientes) o en territorios no-cooperativos en la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo. Ocasionalmente, esto se complementa con un retorno del dinero bajo la apariencia de inversión extranjera directa, que suele tener un tratamiento privilegiado en varios ordenamientos jurídicos.
  • Negocios con grandes flujos de dinero. En especial, se trata de unidades de negocios dedicadas a la prestación de servicios, puesto que tienen escasos costos variables o altas relaciones entre costos y renta (servicios inmobiliarios, hotelería, construcción, juegos de azar, servicios financieros) [2].
  • Infra- y sobrefacturación.
  • Pago de prestaciones en relaciones informales.

III. ¿Cuál es la respuesta de nuestro sistema jurídico al lavado de activos de origen delictivo?

1. La respuesta penal

La República Argentina incorporó a su sistema jurídico el tipo penal de lavado de activos de origen delictivo a partir de la entrada en vigencia de la ley 25.246, que reformó al Código Penal con la sustitución de los artículos 277 a 279. De éstos nos interesa particularmente el siguiente fragmento:

ARTÍCULO 278. — 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí…;

2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito;

3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277…

2. Sistema de prevención de lavado de activos de origen delictivo.

Más interesante que la incorporación del tipo penal es la conformación del sistema de prevención de lavado de activos de origen delictivo que se introdujera en el año 2011 con la reforma de la ley 26.683. Este sistema consiste en la construcción de un aparato de vigilancia privada al servicio del Estado para su complementación en la lucha (sic) contra los delitos subyacentes (corrupción gubernamental, crimen organizado y terrorismo) [3].

Este sistema parte de la calificación de ciertos sujetos clave del mercado como sujetos obligados a informar (SOI) [4] y la generación de deberes especializados para cada uno de ellos, según las particularidades de la actividad que desarrollan. En líneas generales, estas obligaciones son:

  1. Designar un sujeto responsable del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos (Oficial de Cumplimiento) (art. 20 bis) [5].
  2. Capacitar periódicamente a los recursos humanos para la detección y prevención de operaciones de lavado de activos, la aplicación de políticas operativas y normas internas para la lucha contra el lavado de activos.
  3. Conocer a los clientes (es decir, cualquier persona con las que se establece una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial, independientemente de que ésta sea única , ocasional o habitual), requerirles información personal, comercial y patrimonial (art. 21).
  4. Clasificar las operaciones realizadas o tentadas con los clientes y analizar aquéllas que sean consideradas preliminarmente inusuales.
  5. Informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones inusuales según las prácticas del mercado que sean consideradas operaciones sospechosas después de realizado el análisis de la información y documentación aportada por el cliente (art. 21). Esto se hace a través de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) [6].
  6. Guardar la documentación e información generada en legajos para que la UIF pueda eventualmente disponer de aquéllos, y secreto respecto de la realización de tareas de prevención de lavado de activos de origen delictivo.

Así como antes señalamos que eran tres las etapas básicas del lavado de activos (ubicación, cobertura e integración), ahora decimos que a través de este sistema de prevención ataca a cada uno de tales estamentos. Esto se hace a través de la definición de los SOI –que son sujetos que ocupan lugares clave en la circulación de la riqueza o que son atractivos para intentar operaciones de lavado (e.g. entidades civiles)-; y la disposición de criterios de alerta para la detección de operaciones inusuales y su análisis (por ocurrir en zonas fronterizas, relacionarse con actividades riesgosas, involucrar a personas expuestas políticamente, etc.).

3. Régimen penal administrativo.

Una vez realizado el reporte, el SOI ha cumplido ante el Estado, independientemente de que persistan obligaciones accesorias (secreto, guardado de legajos, etc.); y, a partir de entonces, la actividad investigativa corresponde exclusivamente al Estado.

Este efecto liberador que tiene la emisión del ROS para el SOI es un incentivo enorme para que el SOI informe a la UIF todas las operaciones que sean formalmente sospechosas, aunque sepa que en realidad no hay lavado de activos en la operación reportada. Tales reportes defensivos encuentran su fundamento en el régimen penal administrativo creado para incentivar el cumplimiento de las obligaciones de los SOI.

En lo que respecta a la prevención del lavado de activos de origen delictivo, el régimen penal administrativo consiste en la aplicación de multas que oscilan entre una y diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave (art. 24). Lo interesante es que tales multas pueden aplicarse tanto a las personas jurídicas (SOI) cuanto a las personas físicas responsables del cumplimiento de la prevención del lavado de dinero.

Notas:

[1] Nuestro sistema y operadores jurídicos utilizan esta denominación y por eso es que aquí se la respeta. No obstante, el autor sostiene que sería más correcto utilizar el término activos con origen delictivo.

[2] Este es el esquema utilizado en la serie Breaking Bad, donde Walter White adquiere una lavadero de autos para disimular la ilegitimidad de sus ingresos por la venta de metanfetamina.

[3] Cfr. http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/lucha-contra-el-lavado-de-dinero.aspx.

[4] El artículo 20 de la ley define como SOI a: (i) entidades financieras; (ii) entidades y personas autorizadas para hacer operaciones de cambio; (iii) personas cuya actividad son los juegos de azar; (iv) agentes y entidades sujetas al régimen de oferta pública; (v) registros públicos de comercio, organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, registros de la propiedad inmueble, registros de la propiedad automotor, registros prendarios, registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves; (vi) personas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, joyas o bienes con metales o piedras preciosas, o similares; (vii) personas dedicadas a la actividad aseguradora; (viii) empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra; (ix) empresas dedicadas al transporte de caudales; (x) escribanos públicos; (xi) entidades que hacen capitalización y ahorro; (xii) despachantes de aduana; (xiii) organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia; (xiv) contadores públicos; (xv) personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros; (xvi) agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; (xvii) asociaciones mutuales o cooperativas; (xviii) personas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos; (xix) fiduciarios y personas vinculadas con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso; (xx) personas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales, entre otros.

[5] Recordemos aquí el rol preponderante y prácticamente omnipresente que las personas jurídicas tienen en el mercado.

[6] El análisis consiste en la verificación de la información y documentación aportada por el cliente. Tal valoración se realiza a partir de criterios de alerta definidos por las normas de la UIF y las políticas internas del SOI. Esta operación está claramente aclarada en el siguiente video:

Anuncios